La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno Federal ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos el envío de pruebas adicionales para dar curso a la solicitud de aprehensión con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria precisó que, bajo los términos del Tratado de Extradición, la petición formulada por una oficina del distrito sur de Nueva York no ha acreditado hasta el momento la urgencia necesaria para proceder.
Ante la salida de Rocha Moya del cargo, la titular del Ejecutivo instruyó a los integrantes del Gabinete de Seguridad a trasladarse a Sinaloa para establecer una mesa de trabajo con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. El objetivo de este encuentro es ratificar los esquemas de colaboración institucional y asegurar la estabilidad en la entidad, manteniendo el despliegue de fuerzas federales en apoyo a la seguridad local.
La administración federal subrayó que existe una diferencia técnica sustancial en los procedimientos legales vigentes. Sheinbaum explicó que la petición recibida no es aún una solicitud formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Este mecanismo se invoca cuando existe urgencia por posible sustracción u obstrucción de la justicia, condición que la Fiscalía General de la República (FGR) considera no probada con la documentación actual.
De acuerdo con el procedimiento institucional, una vez que el gobierno estadounidense remita el expediente completo y se acredite la urgencia, iniciará un plazo de sesenta días. En dicho periodo, la FGR deberá turnar el expediente ante un juez de control, quien será la autoridad encargada de determinar si la solicitud es procedente conforme al marco jurídico nacional e internacional.
Durante su mensaje, la presidenta enfatizó que la soberanía nacional es un principio no negociable en la relación con agencias extranjeras. Cuestionó la falta de confidencialidad en el manejo de la denuncia en Estados Unidos y defendió la legalidad de sus recientes actividades oficiales. “Nunca en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador; me corresponde la defensa de la soberanía y la justicia”, sentenció.
Asimismo, rechazó las críticas sobre su visita a Palenque, aclarando que el objetivo fue supervisar la infraestructura que conecta el Tren Interoceánico con el Tren Maya. La mandataria calificó como misóginas las versiones que sugieren una supuesta recepción de instrucciones políticas por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que su administración toma decisiones de manera autónoma.
Para contextualizar el combate a la delincuencia, Sheinbaum destacó que la actual estrategia ha permitido una reducción del 44 por ciento en los homicidios a nivel nacional. Recordó que durante su gestión se han cumplimentado órdenes contra actores de diversos partidos, incluyendo a un alcalde de Morena en Tequila y a uno de Movimiento Ciudadano en Teuchitlán, este último vinculado a casos de huachicol.
Finalmente, la presidenta negó cualquier tipo de protección a funcionarios señalados por irregularidades. Sostuvo que la política de austeridad y combate a la corrupción ha permitido liberar un billón de pesos para los Programas para el Bienestar, logrando que 13.5 millones de personas salgan de la pobreza, por lo que instó a esperar el desahogo de las etapas procesales en el caso Sinaloa bajo el rigor de la ley.
