La Fiscalía General de la República (FGR) notificó que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa no cuentan, hasta el momento, con elementos probatorios suficientes para sustentar las acusaciones de narcotráfico y colaboración con el crimen organizado.
Ulises Lara López, puntualizó que, tras recibir la documentación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales realizará un análisis técnico para determinar la viabilidad de la solicitud, supeditada estrictamente a la legislación mexicana y al tratado bilateral vigente.
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Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó encontrarse en un estado de «tranquilidad absoluta» ante el expediente que lo vincula con una red de protección a la facción de Los Chapitos. El mandatario estatal aseguró que su agenda oficial no se detendrá y afirmó contar con el respaldo de la Presidenta de la República.
La FGR aclaró que, independientemente de la gravedad de los cargos por tráfico de fentanilo y cocaína presentados en territorio norteamericano, el marco legal nacional impone protecciones específicas. Para proceder contra servidores públicos con rango de gobernadores o senadores, es indispensable iniciar un juicio de procedencia ante el Poder Legislativo para retirar la inmunidad procesal.
Sin esta declaratoria previa, la autoridad judicial en México se encuentra impedida para emitir órdenes de aprehensión o ejecutar la entrega de los sujetos requeridos. La fiscalía enfatizó que solo se concederá la extradición si las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia cumplen con los criterios de suficiencia exigidos por el derecho mexicano.
La institución señaló que la divulgación de estos datos por parte de autoridades extranjeras contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dado que el propio Gobierno de Estados Unidos había solicitado mantener la información bajo reserva para no comprometer los procedimientos penales en su jurisdicción.
Finalmente, la FGR anunció el inicio de una investigación propia para verificar si existen datos de prueba que sustenten delitos cometidos en suelo nacional. Bajo la premisa de respeto a la soberanía, la fiscalía reiteró que el proceso se ajustará al Estado de derecho, garantizando que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
