El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió este jueves que la imputación formal presentada por el Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos es “solo el principio”. El señalamiento incluye directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.
A través de una publicación oficial en la red social X, el órgano legislativo estadounidense endureció su postura tras la revelación de cargos criminales. “Se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable”, sentenció el Comité en un mensaje que vincula la situación de Sinaloa con otros casos de alcance regional.
La justicia de Estados Unidos señaló a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios, tanto activos como retirados, por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
El expediente, cuya existencia se hizo pública ayer, detalla una red de protección institucional que habría operado en favor de grupos delictivos en el noroeste de México.
De acuerdo con el documento judicial, los implicados habrían abusado de sus cargos públicos para brindar soporte operativo al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos económicos. En el caso específico del mandatario sinaloense, la acusación sostiene que garantizó su elección mediante la intervención directa en el proceso a través de secuestros y presiones sistemáticas contra la población.
Este escenario escaló hasta la agenda binacional este jueves 30 de abril. Las autoridades estadounidenses sostienen que las evidencias recabadas apuntan a una estructura de cooperación que permitió el flujo de sustancias ilícitas hacia el norte, utilizando la infraestructura gubernamental como escudo de protección para las actividades delictivas.
Ante la gravedad de los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura durante la conferencia matutina de este jueves. La mandataria leyó un posicionamiento oficial frente a los cuestionamientos sobre la situación jurídica del gobernador de Sinaloa, en un intento por contener las repercusiones políticas de la investigación estadounidense.
La reacción de la Cámara de Representantes sugiere que el alcance de las indagatorias del Departamento de Justicia podría extenderse a más niveles de la administración pública en México. El tono de la advertencia legislativa marca un punto de inflexión en la relación de seguridad entre ambos países, priorizando la rendición de cuentas judicial sobre los acuerdos diplomáticos previos.
Hasta el momento, la defensa legal del gobernador de Sinaloa no ha emitido una respuesta detallada frente a los cargos de tráfico de drogas e intervención directa en el proceso electoral. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición derivadas de este expediente.
