Este domingo comenzó el periodo de campañas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, marcando el inicio de 60 días en los que las y los candidatos podrán promoverse de manera limitada y bajo estrictas regulaciones. Estas campañas concluirán el 28 de mayo próximo, previo a la jornada electoral programada para el 1 de junio.
Durante este periodo, las y los aspirantes pueden realizar actos de proselitismo utilizando propaganda impresa en papel reciclable y materiales biodegradables, distribuidos casa por casa. Sin embargo, está prohibido el financiamiento público o privado para las campañas, así como la contratación de espacios en radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación para su promoción. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas también tienen prohibido posicionarse a favor o en contra de alguna candidatura.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha habilitado la plataforma “Conóceles”, donde la ciudadanía puede consultar la trayectoria y propuestas de quienes participan en la contienda. Según el INE, el 93.61% de las candidaturas han capturado su información en esta plataforma.
Entre las candidatas destacadas para ocupar una de las nueve vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentran Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf. Estas tres ministras, actualmente en funciones, buscan su reelección y han sido objeto de atención mediática. En enero de 2025, fueron denunciadas ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña; sin embargo, en marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la investigación en su contra, permitiéndoles continuar en la contienda.
La elección del 1 de junio de 2025 es histórica, ya que por primera vez la ciudadanía elegirá de manera directa a juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras de la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este proceso busca fortalecer la transparencia y la legitimidad en el Poder Judicial, permitiendo una mayor participación ciudadana en la conformación de las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.
