El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, se asesinaba a quienes se resistían a recibir entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o intentaban huir. La información fue obtenida a partir del testimonio de José Gregorio “El Lastra”, presunto reclutador del grupo criminal.
García Harfuch detalló que, según la confesión de “El Lastra”, al menos ocho personas fueron asesinadas en el rancho. “De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a ocho personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, ya sea golpearlos o someterlos a un tipo de tortura”, declaró el funcionario.
El secretario de Seguridad explicó que las personas reclutadas eran despojadas de sus pertenencias al llegar al sitio y recibían uniformes con ropa y botas tácticas. Además, se les retiraban sus teléfonos celulares y permanecían incomunicadas durante un mes, tiempo que duraba el entrenamiento.
Según la investigación, José Gregorio “El Lastra” era colaborador directo de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, identificado como uno de los líderes regionales del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Su labor consistía en reclutar jóvenes para el grupo criminal, actividad que llevó a cabo entre mayo de 2024 y marzo de 2025.
Las autoridades indicaron que el reclutamiento se realizaba a través de redes sociales, principalmente en Facebook, donde se ofrecían falsas oportunidades laborales como guardias de seguridad con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales.
El gobierno federal confirmó el sábado la captura de “El Lastra”, también conocido como “Comandante Lastra”, señalado como el líder de una célula delictiva que operaba en el rancho Izaguirre. La información obtenida tras su detención permitió confirmar que el lugar funcionaba como un campo de adiestramiento del CJNG.
García Harfuch subrayó que las investigaciones sobre el rancho continúan y que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar si en el sitio hay restos humanos, además de esclarecer las actividades realizadas dentro del predio.
