El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra prófugo de la justicia tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos públicos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales durante su administración (2015-2021). Las autoridades estiman que el desvío supera los 5 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido recientemente a cuatro exfuncionarios de su administración: Carlos Maldonado Mendoza; exsecretario de Finanzas, detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras ser deportado de Estados Unidos, Mario Delgado Murillo; exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, arrestado en Morelia, Elizabeth Villegas Pineda; exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública, capturada en la capital michoacana, y Antonio Bernal Bustamante; exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Zinacantepec, Estado de México.
Las investigaciones revelan que los contratos para la construcción de los cuarteles fueron asignados de manera directa a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V., que no contaba con la capacidad económica para prestar el servicio. Se detectaron pagos excesivos y adjudicaciones de inmuebles por encima de su valor comercial.
Además, se descubrió que en Apatzingán, el contrato se firmó en 2016 y el inmueble se inauguró en 2018, pero la empresa adquirió el terreno hasta 2019. En Uruapan, el Ayuntamiento donó el terreno para el cuartel, pero la administración de Aureoles lo “compró” en marzo de 2018, simulando contratos de arrendamiento para evadir la ley y reglamentaciones en materia de adquisiciones y obra pública.
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha acusado a su antecesor del desvío de más de 5 mil millones de pesos que debían servir para la construcción de los cuarteles de la policía estatal.
La administración de Aureoles acumula 22 denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el destino de los recursos y la participación de otros posibles implicados en este caso.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir actos de corrupción que afecten el desarrollo y bienestar de la sociedad.
