La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo Federal, que propone reformar los artículos 4º y 27 de la Constitución Política para garantizar la conservación y protección de los maíces nativos en México.
La propuesta plantea reconocer al maíz como un elemento de identidad nacional, asegurando su cultivo libre de transgénicos y promoviendo su manejo agroecológico. Además, establece que el Estado deberá fomentar el uso óptimo de la tierra, evitando la siembra de maíz con semillas genéticamente modificadas.
Según el documento, el maíz transgénico es aquel que ha sido alterado mediante la introducción artificial de secuencias de ADN o ARN de otro organismo mediante tecnología recombinante. La iniciativa subraya que México posee la mayor diversidad genética de maíz a nivel mundial, lo que representa una fuente clave de variabilidad genética para un cultivo estratégico en la alimentación.
Datos oficiales indican que el consumo diario per cápita de maíz en México es de 328 gramos, lo que contribuye con el 30 % de las proteínas, el 45 % de las calorías y el 49 % del calcio necesarios en la dieta. En este sentido, la propuesta destaca la importancia de proteger la producción de maíz en el país.
De acuerdo con estudios, en México existen 4.68 millones de hectáreas sembradas con maíz de temporal por productores de pequeña escala, con rendimientos inferiores a tres toneladas por hectárea. La producción de estos agricultores tiene el potencial de alimentar a más de 54.7 millones de personas.
La iniciativa resalta el papel de las comunidades campesinas e indígenas en la preservación de la diversidad genética del maíz, ya que muchas de ellas continúan con la práctica de intercambio y siembra de semillas tradicionales, tanto para autoconsumo como para la venta de excedentes.
La Comisión de Puntos Constitucionales será la encargada de revisar el contenido de la propuesta y determinar su viabilidad para avanzar en el proceso legislativo.
