La desaparición de los organismos autónomos en México, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), será discutida mañana 13 de noviembre en la Cámara de Diputados como parte de una propuesta de simplificación administrativa. La reforma propone transferir las funciones de estos órganos a diversas dependencias del Gobierno Federal, argumentando que la medida permitiría generar ahorros que se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, durante la Semana Nacional de Transparencia 2024, enfatizó la importancia de preservar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales como conquistas ciudadanas. Ante la posibilidad de que el INAI sea absorbido por otras entidades, Alcalá Méndez sugirió crear una “agencia pública con autonomía técnica y especialización” que garantice la continuidad y progresividad de estos derechos en lugar de una eliminación que considere poco viable la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual alberga millones de datos sensibles de la ciudadanía.
La iniciativa también contempla la extinción de otros organismos autónomos, tales como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otros. Estas instituciones han sido claves en la regulación de sectores estratégicos y la vigilancia de derechos.
Alcalá Méndez hizo un llamado al Congreso para reconsiderar el impacto de esta reforma y sus efectos sobre la transparencia y democracia en México, sugiriendo que cualquier cambio busque modernizar y fortalecer estas instituciones en lugar de suprimirlas. “El INAI no ha sido una concesión del poder público, sino un logro ciudadano que nació de la transición democrática del país”, afirmó, instando a las autoridades a valorar la importancia de estas instancias.
De acuerdo con la reforma, las facultades del INAI en temas de acceso a la información pública y protección de datos personales pasarían al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, en el caso de los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta también extinguiría los organismos autónomos estatales que actualmente garantizan estos derechos.
La desaparición de estas entidades preocupa a expertos y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de perder autonomía y efectividad en la protección de derechos fundamentales.
