El Gobierno de México inició un análisis técnico del informe final presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, antes de emitir un pronunciamiento formal respecto a las conclusiones que deslindan de responsabilidad institucional a las fuerzas armadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a realizar una evaluación minuciosa del documento. Esta medida surge tras las protestas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos e integrantes de organizaciones civiles, quienes acusan que el reporte contradice las líneas de investigación previas.
La titular del Ejecutivo federal detalló que la indagatoria del organismo constitucional autónomo abarcó un periodo prolongado de recopilación de datos, por lo que su contenido debe ser cotejado con las diligencias que actualmente mantiene abiertas la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante los señalamientos sobre una presunta exoneración a la estructura militar en los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Sheinbaum estableció una distinción jurídica entre las conductas delictivas individuales y el rol de las fuerzas armadas.
“Hay varios elementos del Ejército que están detenidos, que están bajo proceso desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, puntualizó la mandataria, al señalar que la revisión oficial identificará el sustento documental de las acusaciones contra personas específicas.
La presidencia de la República rechazó cualquier interferencia del Poder Ejecutivo en la redacción o Calendarización del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual fue publicado sin notificación previa a los integrantes del gabinete de seguridad.
“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro”, enfatizó la mandataria del país, precisando que la administración no validará ni descalificará el documento de manera anticipada hasta concluir el dictamen de la SEGOB.
La coordinación gubernamental se concentrará en las mesas de trabajo vigentes con los padres de las víctimas, priorizando el esclarecimiento del paradero de los estudiantes y el desglose de responsabilidades penales mediante los cauces institucionales de la fiscalía.
