El Gobierno de México interpuso denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 connacionales durante operativos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la estrategia jurídica es coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Las acciones incluyen la exigencia de investigaciones para deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a los derechos humanos, como el reciente caso de Lorenzo Salgado Araujo, fallecido el 7 de julio pasado en Houston, Texas.
Previo a la presentación de los recursos legales, la Cancillería mexicana notificó la medida a la representación diplomática de Estados Unidos en el país. En paralelo, autoridades locales de Houston y del gobierno federal estadounidense iniciaron indagatorias independientes sobre el último deceso registrado.
Frente a las tensiones diplomáticas, el Ejecutivo federal solicitó el respaldo institucional de todas las fuerzas políticas. Sheinbaum planteó que la defensa de los ciudadanos en el exterior debe asumirse como una política de Estado que trascienda diferencias partidistas.
En este contexto, la mandataria convocó al Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente a formular un pronunciamiento conjunto. El objetivo es formalizar el rechazo del Estado mexicano a los incidentes reportados en centros de detención y operativos migratorios.
“Hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad mexicana y a todos los mexicanos para que seamos solidarios”, expresó la titular del Ejecutivo. Añadió que la solicitud al Poder Legislativo incluye requerir información oficial sobre los hechos.
El posicionamiento gubernamental subraya la obligación constitucional de salvaguardar la vida de los mexicanos en el extranjero. La administración federal determinó que el seguimiento de estos casos requiere la intervención coordinada de las distintas dependencias e instituciones del país.
