La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF) tras acreditar el incumplimiento de la legislación vigente en el tratamiento de información de los asistentes a los estadios mediante el sistema FAN ID.
La dependencia federal determinó que el organismo deportivo incurrió en dos infracciones administrativas centrales relacionadas con la omisión de protocolos para el manejo de fotografías, elementos que poseen el carácter de datos personales sensibles de acuerdo con la normatividad aplicable.
La primera anomalía señalada en la resolución radica en que la FMF no especificó en su aviso de privacidad la naturaleza sensible de la información recolectada. Esta omisión institucional impidió a los titulares conocer el alcance real del tratamiento de sus registros biométricos al momento de darse de alta en la plataforma.
La segunda infracción establece que la Federación no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los usuarios para procesar dichos registros. La indagatoria constató que el organismo implementó únicamente el marcado de una casilla web, mecanismo que carece de la validez de una firma autógrafa o una firma electrónica para acreditar la autorización indudable.
Derivado de estas prácticas, el expediente concluye que se vulneraron los principios de responsabilidad y licitud, debido a que no se adoptaron las medidas técnicas necesarias para garantizar el resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante terceros.
El cálculo del monto económico superior a los 42 millones de pesos se definió tomando en consideración la gravedad de las infracciones documentadas, la naturaleza de la información comprometida y la capacidad económica de la institución civil. Para este último rubro, la autoridad utilizó como base la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2024.
La Federación Mexicana de Futbol mantiene el derecho de interponer los medios de defensa previstos en el sistema jurídico para impugnar la determinación administrativa. Ante un eventual recurso, la dependencia federal adelantó que defenderá la legalidad del procedimiento sancionatorio.
