La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” la incorporación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según Sheinbaum, esta medida eliminará presuntos actos de corrupción detectados en el organismo autónomo.
De acuerdo con datos presentados por la mandataria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado diversas irregularidades en el INAI desde 2018. Entre ellas, denuncias de trabajadores sobre pagos obligatorios de entre 10% y 60% de sus sueldos a superiores, la contratación de personas que no desempeñan labores en la institución, nepotismo y gastos excesivos en viáticos, comidas y viajes internacionales.
“Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción”, afirmó Sheinbaum. Agregó que la desaparición del INAI como órgano autónomo permitirá que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría Anticorrupción, la cual garantizará la protección de datos personales y mecanismos obligatorios de transparencia en todas las dependencias gubernamentales.
La Cámara de Diputados ya aprobó esta reestructuración, que forma parte de un plan más amplio del gobierno para centralizar y fortalecer las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Según la presidenta, las nuevas disposiciones facilitarán el acceso ciudadano a información gubernamental de manera más ágil y confiable.
Sheinbaum también cuestionó las críticas hacia la desaparición del INAI como órgano independiente, calificándolas como parte de una “comentocracia” que, dijo, exagera los riesgos para la transparencia. “La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales son obligaciones fundamentales del gobierno”, subrayó.
El Gobierno de México asegura que este cambio permitirá una mayor eficiencia en el uso de recursos y evitará prácticas que, según las auditorías, afectaban la credibilidad y operatividad del INAI. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han manifestado preocupaciones sobre el impacto de esta decisión en la autonomía de los procesos de transparencia.
La reestructuración será supervisada por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción, mientras se establece un sistema de consulta pública para monitorear la transición y el manejo de los recursos del ahora extinto INAI.