La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó formalmente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar una investigación contra la empresa Kosmos, propiedad del empresario Jack Landsmanas, por su presunta vinculación con una red de corrupción operada al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).
El anuncio presidencial se dio tras la salida de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, luego de que reportes periodísticos revelaran que durante su gestión al frente del órgano electoral se adjudicaron contratos a sobreprecio, incurriendo en un eventual conflicto de interés.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal detalló la instrucción girada a la secretaria Raquel Buenrostro para indagar los procedimientos administrativos del instituto electoral y deslindar responsabilidades legales.
“Le pedí a la secretaria Buenrostro que pueda hacer la investigación y contestar y, si hay algún mal procedimiento o algún acto que no debería de haber ocurrido, pues que se proceda y que se informe por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, declaró Sheinbaum.
Los señalamientos derivan de grabaciones filtradas en las que el contratista Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado a Cajas Graf y proveedor del organismo electoral, detalla ante Taddei la operación de entregas mensuales por 1.5 millones de pesos por parte del grupo que encabeza Landsmanas para mantener la operatividad de los comedores en la sede central del INE.
Registros públicos confirman que el 25 de abril de 2025, el órgano electoral signó un contrato por un monto máximo de 112 millones 400 mil pesos con la firma Productos Serel para el servicio de alimentos en la Ciudad de México, adjudicación sobre la cual presuntamente se obtuvo una comisión del 15%, equivalente a 17 millones de pesos.
La empresa vinculada a Landsmanas acumula contrataciones públicas por un valor superior a los cuatro mil millones de pesos otorgados por distintas instancias gubernamentales, manteniéndose bajo el escrutinio de los órganos de fiscalización federal.
La investigación en curso por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinará si existen elementos para proceder penal y administrativamente contra los exfuncionarios electorales y los proveedores involucrados en las irregularidades señaladas.
