La Cámara de Diputados se alista para llevar al Pleno la discusión y votación de la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca exigir la nacionalidad mexicana única a quienes aspiren o ejerzan la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, aunque el marco normativo actual contempla la calidad de mexicano por nacimiento para encabezar dichos cargos, prevalece un vacío interpretativo que requiere precisar la imposibilidad de mantener compromisos jurídicos o políticos con otros Estados.
La propuesta estipula que los aspirantes no deberán poseer ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con una, estarán obligados a efectuar la renuncia formal ante las autoridades correspondientes antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. El ajuste no prohíbe la doble nacionalidad para la población general, sino que delimita las condiciones para la titularidad de los ejecutivos federal y locales.
Adicionalmente, el texto prevé que las personas servidoras públicas en funciones no podrán solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaporte o identificación extranjera, ejercer derechos políticos de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de un país extranjero. Cualesquiera de estas omisiones o faltas serán sancionadas conforme al Título Cuarto de la Constitución, referente a las responsabilidades de los servidores públicos.
El proceso legislativo avanzó tras la recepción de la propuesta en la Comisión Permanente y su posterior turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde fue avalada con 26 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, frente a 5 votos en contra emitidos por la oposición.
De concretarse su aprobación por las dos terceras partes del Pleno de San Lázaro y su posterior tránsito por el Senado de la República y las legislaturas locales, la reforma contemplará una aplicación no retroactiva, estipulando que las reglas entrarán en vigor formalmente para el proceso electoral de 2028. De forma complementaria, el Ejecutivo impulsará modificaciones a la Ley de Nacionalidad para detallar los procedimientos de renuncia consular y administrativa.
