La Fiscalía General del Estado de Bolivia, a través del fiscal Brayan Melgar, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, a quien formalmente imputa por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las acciones penales derivan de la presunta intervención del exmandatario en la organización y financiamiento de las protestas campesinas y sindicales desarrolladas entre mayo y junio pasados. Dichas movilizaciones mantuvieron bloqueadas las principales vías del centro y occidente del país suramericano, con la exigencia explícita de dimisión del actual presidente constitucional, Rodrigo Paz.
La causa penal inició a partir de una denuncia interpuesta por líderes cívicos del departamento de Santa Cruz, a la cual se adhirió de manera institucional el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El expediente incluye también como coimputados al secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al dirigente campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple medida cautelar de detención preventiva.
De acuerdo con los reportes oficiales del Gobierno boliviano, las siete semanas de cortes carreteros generaron un impacto económico superior a los 3 mil millones de dólares por afectaciones al comercio y desabastecimiento de insumos básicos. Asimismo, los peritajes forenses vinculan la parálisis vial con la muerte de 16 personas, 13 de las cuales fallecieron por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna.
Ante la parálisis en el transporte de combustibles y oxígeno medicinal, el Ejecutivo decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio, ordenando el despliegue de las Fuerzas Armadas de Bolivia y la Policía Nacional para el despeje de las vías estratégicas.
Por su parte, la defensa técnica del expresidente y el propio Morales han rechazado la tipificación de los delitos, argumentando que las movilizaciones constituían peticiones de atención social. Sin embargo, el Ministerio Público integró al expediente publicaciones públicas del exjefe de Estado en las que condicionaba el cese de las movilizaciones a la convocatoria de elecciones anticipadas o a la militarización del territorio.
El mandamiento judicial se suma a una orden de aprehensión previa dictada por un tribunal del departamento de Tarija, donde Morales fue declarado en rebeldía en el marco de un proceso penal por el delito de trata agravada de personas. Actualmente, el exmandatario se localiza en la región del Trópico de Cochabamba, bajo el resguardo de grupos de apoyo social, en tanto las fuerzas de seguridad evalúan la ejecución del mandato judicial.
