El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó la suspensión de sellos digitales a 7 mil 300 contribuyentes identificados por su presunta vinculación con esquemas de evasión fiscal durante el presente ejercicio normativo.
Gari Flores, administrador general de Recaudación del organismo, detalló que estas acciones complementan la publicación de 903 entidades clasificadas como empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) en lo que va del año. Durante una sesión técnica con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el funcionario enmarcó esta cifra en una estrategia institucional orientada a combatir la evasión y elusión de impuestos.
Las inhabilitaciones derivan de las recientes modificaciones al Código Fiscal de la Federación, específicamente la adición del artículo 49-Bis. Este marco normativo faculta a la autoridad para realizar visitas de verificación directas a los emisores, y abre la vía jurídica para aplicar la prisión preventiva oficiosa ante irregularidades comprobadas.
Bajo estas nuevas disposiciones legales, la autoridad tributaria concretó el desmantelamiento de una estructura financiera denominada “El Caballito”. Los reportes oficiales documentaron la participación de 446 empresas reales que hicieron efectivas las facturas falsas emitidas por la organización central.
La intensificación de los procesos de auditoría ocurre tras un periodo gubernamental donde, entre 2022 y 2025, la federación presentó 59 denuncias penales por un monto de defraudación fiscal estimado en 54 mil 698 millones de pesos. Para 2026, las reformas al marco legal incrementaron las penalidades desde las primeras etapas de los juicios.
Ramón Ortega Díaz, asesor y vocero del IMCP, señaló que la publicación de EFOS superó los 100 contribuyentes mensuales durante el último trimestre. El especialista indicó que el 80 por ciento de los causantes requeridos por el fisco no han respondido, indicador que refleja un grado mayor de precisión en las localizaciones de la autoridad.
Ante la ampliación de las facultades de comprobación, el órgano colegiado recomendó a las empresas verificar periódicamente su estatus y sus cadenas de proveeduría. Ortega Díaz enfatizó la necesidad técnica de acreditar documentalmente la materialidad y realidad de sus operaciones para atender cualquier requerimiento.
Finalmente, la representación de los contadores emitió un llamado al sector corporativo para evitar la implementación de estrategias fiscales que la autoridad pueda clasificar como indebidas, recordando que las omisiones administrativas ahora conllevan responsabilidades penales de impacto directo para las empresas.
