La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con las de sus hijos y varios colaboradores, tras recibir alertas internacionales por presuntos vínculos con el narcotráfico.L
a decisión de la UIF se hizo pública este lunes 18 de mayo durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de un congelamiento preventivo que afecta las operaciones bancarias de Rocha Moya, sus tres hijos y otras personas cercanas como el senador Enrique Inzunza Cázarez. La medida se activó de manera automática por un acuerdo de la UIF que responde a información enviada desde Estados Unidos. No es el resultado de una investigación iniciada en México, sino de protocolos internacionales que comparten datos sobre posibles lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. Los bancos recibieron la orden hace unos días y ya están cumpliendo el bloqueo total de los activos. Esta acción busca proteger el sistema financiero mientras se revisan las acusaciones.
Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador de Sinaloa, aparece en la lista de personas bloqueadas junto con miembros de su familia y exfuncionarios estatales. Las alertas provienen de una acusación formal en una corte de Nueva York que señala presuntos apoyos al Cártel de Sinaloa a cambio de favores políticos. La UIF actuó de forma inmediata porque México y Estados Unidos comparten información financiera para combatir delitos transfronterizos. Hasta el momento no hay cargos formales presentados por la Fiscalía General de la República en nuestro país. Rocha Moya ha guardado silencio sobre el congelamiento y solo ha mencionado que colaborará con cualquier investigación. Expertos explican que este tipo de bloqueos son comunes cuando hay órdenes de aprehensión o alertas desde el extranjero.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno federal no defiende a nadie sin pruebas claras y que la medida es solo preventiva. Pidió a Estados Unidos que presente evidencias sólidas si quiere que México avance en el caso. Sheinbaum recordó que en otros asuntos similares se ha actuado con base en la ley y sin favoritismos. Por ahora, la Fiscalía General de la República revisa si recibe más detalles para abrir una carpeta de investigación propia. El congelamiento no implica una condena, pero sí limita el acceso a recursos de las personas afectadas. Analistas consideran que este caso pone a prueba la relación bilateral en materia de seguridad y justicia.
Este episodio se suma a la detención reciente en Estados Unidos de dos exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, lo que ha aumentado la atención sobre posibles irregularidades en Sinaloa. La sociedad sinaloense sigue de cerca el desarrollo de los hechos porque involucra a una figura clave de la política local. Mientras tanto, la UIF y la Secretaría de Hacienda aseguran que el sistema bancario mexicano se mantiene estable y protegido. Las autoridades mexicanas insisten en que actuarán con transparencia y respeto a los derechos de todas las personas involucradas. El caso sigue abierto y podría generar más noticias en las próximas horas o días.
