La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional y su bancada en la Cámara de Diputados presentaron este 11 de mayo una solicitud formal de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntas violaciones graves a la Constitución y supuestos vínculos con el crimen organizado. La oposición busca la separación definitiva del cargo e inhabilitación del mandatario estatal.
El anuncio fue encabezado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien aseguró que el partido agotará todas las vías legales para evitar impunidad. Durante una conferencia realizada en Palacio Legislativo de San Lázaro, sostuvo que el gobierno sinaloense habría incumplido con su obligación constitucional de garantizar la seguridad pública.
La estrategia jurídica del PAN contempla también acciones en organismos internacionales. De acuerdo con la dirigencia panista, una delegación del partido acudirá a La Haya para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad relacionados con la situación de violencia en Sinaloa.
De manera paralela, el grupo parlamentario anunció que promoverá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud de desaparición de poderes en la entidad. La oposición argumenta que existen elementos suficientes para acreditar una afectación al orden constitucional y a las capacidades institucionales del gobierno estatal.
El coordinador de las y los diputados federales del PAN, Elías Lixa, explicó que la solicitud de juicio político se sustenta en los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Añadió que también se señala una presunta violación al artículo 21 constitucional, relacionado con la obligación de preservar la seguridad pública.
Según la acusación presentada por Acción Nacional, desde el proceso electoral de 2021 habrían existido presuntos vínculos entre actores políticos y grupos delictivos que afectaron la voluntad ciudadana en Sinaloa. La bancada panista afirmó que el objetivo es impedir que el gobernador pueda recurrir a mecanismos de protección constitucional para evadir responsabilidades legales.
