La diputada federal del PAN, Paulina Rubio, solicitó formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proceder con el congelamiento de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como de otros cuadros políticos de Morena. La demanda surge a partir de los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos que vinculan a dichos funcionarios con actividades del crimen organizado.
De acuerdo con la legisladora, es imperativo que la administración federal utilice las facultades legales vigentes para desarticular las estructuras de financiamiento de lo que calificó como redes de complicidad. Rubio enfatizó que el Estado cuenta con las atribuciones necesarias para intervenir los activos financieros de los implicados sin dilaciones procesales, con el objetivo de evitar el flujo de recursos ilícitos.
La exigencia de la bancada de Acción Nacional establece que la intervención de la UIF debe ejecutarse de manera inmediata. La diputada federal subrayó que el bloqueo de activos debe ocurrir antes de que se cumpla el plazo de 60 días de extradición, con la finalidad de prevenir maniobras de lavado de dinero o el ocultamiento de capitales a través de redes familiares o prestanombres no identificados en las denuncias iniciales.
La legisladora advirtió que, de no realizarse esta acción técnica, existe un riesgo elevado de que los recursos financieros sean desplazados hacia otras fuentes. Según su exposición, la disponibilidad de estos capitales permitiría a los señalados operar redes de protección e impunidad, comprometiendo la integridad del sistema político y de seguridad nacional.
En su pronunciamiento desde el Palacio Legislativo, Rubio hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para actuar frente a la estructura política heredada por la administración de Andrés Manuel López Obrador. La panista insistió en que no debe haber titubeos institucionales al momento de aplicar la ley contra funcionarios que han sido objeto de denuncias internacionales por vínculos con la denominada “narcopolítica”.
El exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera incluye a todos los nombres registrados en la denuncia proveniente de las autoridades estadounidenses. El GPPAN argumentó que el congelamiento de cuentas es una medida administrativa esencial para desterrar la influencia de grupos delictivos en el ejercicio del servicio público y asegurar que los implicados rindan cuentas ante la justicia.
