En el marco de una sesión extraordinaria, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron sus posturas en torno al dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece nuevas disposiciones para la integración, organización y funcionamiento del Sistema, así como la distribución de competencias entre Federación, estados y municipios.
Desde la tribuna, Morena y sus aliados defendieron el dictamen al considerar que fortalece la coordinación institucional, incorpora nuevas tecnologías y cierra espacios al crimen. La diputada Julia Arcelia Olguín (Morena) afirmó que la ley no busca espiar, sino combatir a quienes utilizan redes móviles para extorsionar o secuestrar, mediante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, bajo criterios regulados.
Por su parte, el PAN y MC señalaron avances parciales, pero advirtieron sobre posibles riesgos. El diputado César Damián (PAN) aseguró que su grupo parlamentario votó en contra de la militarización, pero a favor del fortalecimiento de las instituciones civiles. Claudia Ruiz Massieu (MC) advirtió que la ley centraliza poder e información, afectando el federalismo y la pluralidad regional.
Desde el PRI, el diputado César Domínguez indicó que su bancada rechazó el dictamen, argumentando que no fue leído ni discutido en su versión final de más de 480 páginas, publicada la madrugada previa a la votación. Afirmó que el nuevo marco otorga facultades amplias al Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluso para suspender recursos federales a entidades que no cumplan con sus acuerdos, lo que —dijo— debilita el pacto fiscal y el federalismo.
Luis Fernando Vilchis (PT) consideró que se trata de una legislación moderna que permitirá combatir la corrupción en las instituciones de seguridad. Detalló que la ley fortalece al Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional, y promueve el uso de plataformas digitales para detectar y prevenir delitos en tiempo real.
Por parte del PVEM, el diputado Carlos Canturosas sostuvo que se avanza hacia una estrategia más integral y coordinada. A su vez, Gildardo Pérez (MC) y Miguel Monraz (PAN) reiteraron la necesidad de fortalecer a las policías locales, así como garantizar transparencia en el uso de información sensible y respeto a los derechos humanos.
Algunos legisladores, como Dolores Padierna (Morena) y Ricardo Mejía (PT), enfatizaron que el nuevo marco normativo permite homologar protocolos de actuación, reforzar las mesas de paz y mejorar la articulación entre los tres niveles de gobierno. Desde MC, Juan Ignacio Zavala reconoció ciertos avances del dictamen, pero pidió mayor claridad en la delimitación de atribuciones municipales.
Mientras tanto, representantes de PRI y PAN insistieron en la necesidad de ajustes antes de su aplicación, advirtiendo que el nuevo marco podría generar una sobrerregulación punitiva si no se establece un control institucional adecuado. Finalmente, la diputada María Guadalupe Morales (Morena) subrayó que las propuestas provienen del Ejecutivo Federal y fueron diseñadas para consolidar la seguridad con responsabilidad y planeación.
El dictamen fue aprobado en lo general con respaldo mayoritario, aunque diversas fuerzas anticiparon la presentación de reservas y propuestas adicionales en lo particular.
