Electrolit, una bebida rehidratante producida por Laboratorios PiSA, ha estado en el centro de una controversia en México recientemente. Esta bebida, popular para combatir la deshidratación por calor, ejercicio o resaca, se clasifica actualmente como un “suero oral” o medicamento, lo que le permite estar exenta de impuestos como el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), similar al que pagan los refrescos azucarados. Sin embargo, legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han presentado iniciativas para cambiar esto, argumentando que productos como Electrolit no cumplen estrictamente con normas de salud y tienen un contenido de azúcar comparable al de bebidas como el refresco de cola, lo que los hace más parecidos a refrescos que a fármacos.
La propuesta busca eliminar los privilegios fiscales que permiten a estas bebidas evitar gravámenes. Según los diputados, esto podría generar hasta 5 mil millones de pesos adicionales en recaudación para el gobierno federal, recursos que se usarían para programas públicos. En 2024, Electrolit reportó ventas por más de 16 mil millones de pesos en México, sin pagar IEPS ni IVA completo, lo que ha sido calificado como una evasión fiscal estimada en alrededor de 12 mil millones de pesos anuales. Críticos destacan que una botella de Electrolit contiene hasta 3.7 veces más glucosa de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para bebidas rehidratantes, y no lleva sellos de advertencia por exceso de azúcar, a diferencia de los refrescos. Esto ha llevado a preocupaciones sobre su consumo diario, que podría ser riesgoso para la salud, especialmente en un país con altos índices de obesidad y diabetes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya analiza la viabilidad de esta medida como parte del Paquete Económico 2026. Si se aprueba, el precio de una botella de Electrolit podría aumentar en casi nueve pesos, lo que representaría un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. La iniciativa también afectaría a otras marcas como Suerox, y busca obligar a que lleven etiquetas de advertencia para desincentivar su uso excesivo. Los legisladores argumentan que, en Estados Unidos, donde PiSA ha invertido 400 millones de dólares en plantas de producción, Electrolit sí paga impuestos equivalentes porque no se clasifica como medicamento, lo que resalta la inconsistencia en México.
Laboratorios PiSA, la empresa detrás de Electrolit, ha enfrentado críticas previas por temas de corrupción y problemas de higiene en sus productos. Algunos ven esta propuesta como un ataque del gobierno contra la compañía, derivado de disputas pasadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de favorecer a competidores. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que, si no se logra imponer el impuesto, se regule su venta solo con receta médica. Sin embargo, defensores de Electrolit insisten en que es un medicamento legítimo para la rehidratación, y que su fórmula con glucosa es necesaria para la absorción de electrolitos, no un refresco común.
La polémica ha explotado en redes sociales, donde Electrolit se convirtió en tendencia. Hashtags como #ElectrolitEsAzucar y #QuePaguenYa han sido usados en campañas que critican a la bebida por evadir impuestos mientras supera en ventas a productos como Coca-Cola en tiendas como Oxxo. Usuarios han compartido opiniones divididas: algunos apoyan los impuestos para equidad fiscal y salud pública, mientras otros lo ven como un intento de boicot o una medida que solo encarecerá productos útiles sin resolver problemas mayores. Esta polarización refleja debates más amplios sobre impuestos, salud y políticas económicas en México, donde el gobierno busca aumentar la recaudación sin subir tasas generales, pero enfrenta críticas por medidas que afectan al consumidor final. La discusión continuará en el Congreso de la Unión y el futuro de Electrolit podría cambiar pronto.
