Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, una de las propuestas centrales del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación se llevó a cabo en sesión ordinaria y contó con mayoría calificada (330 votos a favor y 129 en contra). Esta nueva ley tiene como objetivo simplificar, reducir y digitalizar los trámites gubernamentales en los tres niveles de gobierno, a fin de mejorar la eficiencia del Estado, facilitar la vida de los ciudadanos y disminuir las oportunidades de corrupción.
La propuesta plantea crear una plataforma digital única donde los ciudadanos puedan realizar gestiones de forma ágil, sin tener que trasladarse físicamente a oficinas gubernamentales o cumplir con trámites repetitivos. Se busca eliminar hasta el 50% de los procesos considerados innecesarios o duplicados, lo cual podría beneficiar directamente a empresas, emprendedores y a la población en general. Según cifras preliminares del Gobierno de México, más de 210 millones de trámites se realizan anualmente en el país, de los cuales al menos una tercera parte podrían ser eliminados o simplificados mediante esta ley.
La nueva norma también contempla la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se encargará de implementar y supervisar la plataforma nacional. Esta agencia tendría además atribuciones para coordinar a las dependencias públicas y garantizar la interoperabilidad de los sistemas entre estados, municipios y la federación.
Aunque muchos sectores, especialmente el empresarial, han celebrado la aprobación de la ley como un avance necesario para combatir la ineficiencia y el exceso de burocracia, también ha generado críticas. Organizaciones defensoras de la transparencia han expresado su preocupación por la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que la ley incluye una reforma administrativa que implicaría su integración dentro de la nueva agencia digital. Expertos advierten que esta fusión podría debilitar los mecanismos de vigilancia ciudadana y el derecho al acceso a la información.
La ley aún debe pasar por el Senado, donde será revisada y votada. En caso de ser aprobada, se necesitarán reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución para su implementación efectiva. Esto implica lograr el voto de dos terceras partes del Congreso y su ratificación en al menos 17 congresos estatales. Se espera que este proceso ocurra durante el segundo semestre de 2025.
De acuerdo con declaraciones oficiales, si todo el proceso legislativo avanza sin contratiempos, la plataforma digital comenzaría a operar de manera gradual a partir del primer trimestre de 2026. Esta iniciativa marca un esfuerzo por modernizar la administración pública y responde a una de las principales demandas ciudadanas: hacer los trámites más fáciles, rápidos y menos propensos a la corrupción. La apuesta del gobierno es que una transformación digital profunda permitirá no sólo ganar tiempo, sino también fortalecer la confianza entre la población y el Estado mexicano.
