En sesión presencial, el Pleno de la Cámara de Diputados dio trámite de publicidad a los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativos a la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2025, ambos componentes esenciales del Paquete Económico que será discutido en las próximas semanas.
El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación prevé que el país perciba ingresos totales por 9 billones 302,015.8 millones de pesos durante el próximo año. De esta cifra, los ingresos derivados de impuestos ascenderán a 5 billones 297,812.9 millones de pesos, mientras que los recursos provenientes de financiamientos sumarán 1 billón 246,366.5 millones de pesos. La recaudación federal participable proyectada alcanza los 4 billones 892,179.6 millones de pesos.
Además, se autoriza al Ejecutivo Federal la contratación de deuda interna por un monto de hasta 1 billón 580 mil millones de pesos y de deuda externa por hasta 15 mil 500 millones de dólares. Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá adquirir un endeudamiento interno de 143 mil 403.7 millones de pesos y externo de 5 mil 512.7 millones de dólares, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias podrán contraer deuda interna por 10 mil 27 millones de pesos y externa por 991 millones de dólares. Por su parte, la Ciudad de México contará con autorización para un endeudamiento de 3 mil 500 millones de pesos destinado a financiar obras incluidas en su Presupuesto de Egresos 2025. Asimismo, se prevé que la Federación reciba ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de la CFE por un total de 317 mil 080.8 millones de pesos.
En cuanto a la Ley Federal de Derechos, el dictamen plantea la actualización de ingresos provenientes de diversos servicios públicos, incluyendo áreas como migración, telecomunicaciones, minería, medio ambiente y recursos naturales, así como servicios relacionados con aeropuertos, zonas federales marítimas y el uso de aguas nacionales y espacio aéreo. Entre los cambios propuestos, destacan las modificaciones a las cuotas por acceso a Áreas Naturales Protegidas, con el objetivo de que reflejen de manera más precisa el impacto real del uso de estos bienes.
También se proponen exenciones de pago de derechos para las personas que participen en actividades de protección civil en situaciones de emergencia, como desastres naturales, y para pueblos y comunidades afromexicanas en el ámbito de las telecomunicaciones. Además, se implementan medidas enfocadas en promover y garantizar los derechos humanos de personas con discapacidad y adultos mayores. Por último, se realizarán ajustes para dar certeza jurídica al pago de derechos relacionados con playas, zonas marítimas y terrenos ganados al mar, actualizando los municipios incluidos en estas zonas y adecuando disposiciones vinculadas a minería y agua.
Ambos dictámenes representan avances clave en el proceso legislativo para la definición de los ingresos y recursos del país en 2025, cuyo debate continuará en las próximas semanas.
