Este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados dio trámite de declaratoria de publicidad al dictamen que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, con el objetivo de ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en materia de investigación de delitos.
De acuerdo con el dictamen, la investigación de los delitos será una atribución compartida entre el Ministerio Público, la SSPC, la Guardia Nacional y las policías, cada una dentro de su ámbito de competencia. Estas instancias actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.
El dictamen también establece que los fondos federales destinados a la seguridad pública serán canalizados exclusivamente para este propósito, beneficiando a las entidades federativas y municipios. El uso de estos recursos será auditado y supervisado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo, que también tendrá la facultad de emitir acuerdos y lineamientos para garantizar la homologación de estándares y una coordinación eficiente entre los tres niveles de gobierno.
Bajo este esquema, la SSPC formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, incluyendo la creación de programas, políticas y acciones específicas en esta materia. Además, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá solicitar información a otras instituciones para esclarecer hechos delictivos.
El decreto establece que la SSPC tendrá un plazo de 90 días naturales, a partir de su publicación, para realizar la armonización normativa correspondiente. Asimismo, se señala que las modificaciones previstas no requerirán recursos adicionales al presupuesto ya asignado a la Secretaría para el ejercicio fiscal actual.
Con este avance, la Cámara de Diputados continúa el proceso legislativo que busca reforzar la seguridad pública mediante la centralización de funciones clave en la SSPC, con miras a una mejor coordinación y eficacia en la lucha contra el crimen.
