A partir de este 9 de julio de 2024, entra en vigor el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en México, una iniciativa destinada a garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta herramienta, desarrollada a través de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone consolidar la información sobre deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a nivel nacional, con el fin de proporcionar una protección efectiva y restituir los derechos de los menores de edad.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será administrado por los Tribunales Superiores de los estados y de la Ciudad de México. Estas instituciones serán responsables de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información relativa al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Asimismo, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México tendrán acceso total a las bases de datos del registro, permitiendo una supervisión adecuada y la intervención en casos necesarios.
Según la ley, se considera deudores alimentarios morosos a aquellas personas que incumplen de manera injustificada con la obligación de proporcionar alimentos. Esto incluye actos como el disimulo, la ocultación de bienes o cualquier otra conducta dirigida a evadir dicha obligación. La inscripción de un deudor en el registro conllevará diversas consecuencias, incluyendo la difusión pública de su calidad de deudor alimentario moroso, la anotación de esta condición en el Registro Público de la Propiedad en los folios reales de los que sea propietario, y la imposibilidad de salir del país.
Además, el incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria podría acarrear sanciones penales. La inscripción en el registro a nivel estatal, conocido como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, también puede tener repercusiones significativas como la afectación al buró de crédito del deudor, lo cual podría limitar sus oportunidades financieras y comerciales.
El acceso al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será público, permitiendo que cualquier persona pueda consultar si un individuo está inscrito en él. Adicionalmente, se expedirán certificados de no inscripción a petición de parte interesada, facilitando así la verificación de la situación de las personas respecto a sus obligaciones alimentarias.
