La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el periodo para la vinculación obligatoria de líneas telefónicas de prepago a nivel nacional, estableciendo un nuevo calendario escalonado que extenderá los plazos de registro hasta el mes de diciembre.
El esquema modificado otorga a los usuarios fechas límite específicas basadas en el último dígito de su número celular. Los plazos de regularización iniciaron el 15 de agosto para las terminaciones en 0 y concluirán el 31 de diciembre para los dígitos terminados en 9, otorgando un mayor margen temporal para cumplir con la disposición.
A la fecha, el organismo regulador reporta un avance sostenido con 63 millones de líneas operando bajo este esquema de identificación. De la cifra total, 40.2 millones corresponden a la modalidad de prepago, mientras que 22.8 millones pertenecen a contratos de pospago que no requieren un trámite adicional.
Una vez que expire el nuevo periodo asignado a cada dígito, las compañías telefónicas procederán a suspender el servicio regular en un lapso de 72 horas a las líneas que carezcan de vinculación. Los números sancionados únicamente conservarán acceso a llamadas de emergencia, contacto con su compañía y recepción de alertas en caso de sismo.
El procedimiento operativo se realiza directamente ante las empresas proveedoras, sin intervención de plataformas del gobierno. El trámite consiste exclusivamente en asociar el nombre de la persona y su CURP al número de celular, con la restricción de recabar cualquier otro dato o imagen durante el proceso.
Esta medida estructural tiene el objetivo de eliminar el anonimato en la adquisición de chips telefónicos, una vulnerabilidad operativa que ha facilitado la comisión de delitos como el fraude o la extorsión. Con esta regularización, la infraestructura de telecomunicaciones de México se homologa con prácticas internacionales vigentes en 166 países.
En caso de que se registre la comisión de un delito que involucre el uso de una línea celular, las autoridades competentes podrán solicitar la información a las operadoras. Este requerimiento de datos deberá ejecutarse cumpliendo estrictamente con las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.
