La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este lunes el informe elaborado por un comité de expertos vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones en México. La mandataria calificó el documento como “inexacto”, señalando que incurre en extrapolaciones metodológicas cuestionables y omite los avances institucionales realizados en la materia durante los últimos años.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo puntualizó que el análisis se basó en información de solo cuatro estados y abarcó un periodo comprendido entre 2009 y 2017. Sheinbaum subrayó que a partir de dichos datos se realizó una proyección estadística hasta el año 2025, lo que, desde su perspectiva, invalida las conclusiones generales del comité.
La mandataria sostuvo que el informe no se apega a la definición internacional de desaparición forzada, la cual requiere de la participación directa del Estado con fines de control político. “Ese análisis queda fuera de la caracterización que hace la propia ONU”, enfatizó, tras reiterar que su administración no utiliza estas prácticas como mecanismo de represión, a diferencia de periodos anteriores.
Sheinbaum denunció que el comité ignoró la documentación enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Según la presidenta, el reporte no incluye las reformas legales ni el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como las nuevas estrategias de localización implementadas desde 2019.
Pese al rechazo del contenido, el Gobierno de México mantendrá canales de comunicación abiertos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo de la diplomacia mexicana será exponer formalmente su postura y precisar las diferencias entre los delitos cometidos por la delincuencia organizada y las responsabilidades directas del Estado.
Expertos en materia de derechos humanos han señalado que la discrepancia radica en la interpretación de la responsabilidad estatal frente a la violencia criminal. Mientras el Ejecutivo delimita la desaparición forzada a la acción directa de agentes oficiales, los organismos internacionales suelen considerar la omisión o la falta de protección efectiva como factores de responsabilidad institucional.
El rechazo presidencial se produce en un contexto de presión por parte de colectivos de familiares de víctimas, quienes demandan mayor presupuesto y autonomía para las fiscalías especializadas. El gobierno federal ha insistido en que la estrategia actual se centra en la identificación forense y la depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Se espera que en las próximas semanas la SRE presente una nota diplomática formal detallando las inconsistencias detectadas en el informe. Este movimiento busca evitar que las conclusiones del comité afecten la calificación de México en los exámenes periódicos de cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
