El gobierno de México ha dado un paso firme en la defensa de su industria azucarera al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que impone aranceles de hasta 210.44% a las importaciones de azúcar. Esta medida afecta principalmente al azúcar líquida refinada y al azúcar invertido, con un gravamen por kilogramo que busca frenar la entrada de productos baratos que inundan el mercado nacional. Para otros tipos, como el azúcar de remolacha y jarabes, el arancel es del 156%. El cambio entró en vigor de inmediato y actualiza los gravámenes previos, que eran solo del 15% general.
La decisión surgió de una petición urgente de la Unión Nacional de Cañeros (UNAC) y la industria azucarera mexicana, que enfrentan pérdidas de hasta 20 mil millones de pesos al año por importaciones de países como Guatemala, Estados Unidos y Nicaragua. México es el cuarto mayor productor mundial de azúcar, con unas 5.5 millones de toneladas anuales, pero un excedente interno presiona los precios locales y deja a los cañeros en desventaja. “Es temporal y necesario para equilibrar el mercado y fomentar la producción nacional”, explicó la Secretaría de Economía en un comunicado, alineándose con la política proteccionista de la Cuarta Transformación para impulsar la sustitución de importaciones y apoyar a 500 mil familias en el sector.
El impacto podría notarse pronto en el bolsillo de los consumidores: analistas estiman un alza del 10-15% en precios de productos como refrescos, dulces y alimentos procesados, ya que el azúcar es un ingrediente clave. Sin embargo, los productores ven en esto un respiro, ya que podría estabilizar precios y aumentar exportaciones mexicanas. El decreto no especifica una duración fija, pero se espera que dure hasta que el mercado se equilibre, posiblemente hasta 2026.
La noticia generó reacciones divididas. Mientras cañeros y sindicatos celebran la decisión, actores de la industria advierten sobre la inflación y posibles represalias comerciales de Estados Unidos, principal socio comercial en el T-MEC. Expertos en la materia destacan que esta medida forma parte de una ola proteccionista, pero urge monitorear la cadena de suministro para evitar escasez. El gobierno monitorea los efectos y promete ajustes si es necesario, asimismo resalta la búsqueda de un equilibrio entre proteger lo local y mantener precios accesibles en un México que busca crecer sin depender tanto de lo foráneo.
