Este jueves, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, con 76 votos a favor de Morena, PT, PVEM y aliados, contra 39 de la oposición como PAN, PRI y MC. Esta iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre pasado, busca modernizar el sistema judicial con cambios como la digitalización de los juicios de amparo para hacerlos más rápidos y accesibles, una actualización al concepto de “interés legítimo” que prioriza derechos colectivos sobre individuales en casos como obras públicas, y la extensión del plazo para dictar sentencias en amparos indirectos de 60 a 90 días naturales. Además, prohíbe el uso indebido del amparo para congelar fondos públicos, destacando que entre 2018 y 2025 se liberaron 27 mil millones de pesos por suspensiones provisionales y 32 mil millones por sentencias definitivas.
Los defensores de Morena argumentan que esto equilibra el derecho ciudadano con el avance de proyectos prioritarios, evitando que unos pocos frenen beneficios para muchos. La oposición, sin embargo, critica que la reforma debilita la protección de los ciudadanos contra abusos del gobierno, al limitar suspensiones provisionales y priorizar intereses colectivos, lo que podría afectar derechos individuales en temas ambientales o de salud. Ahora, la minuta pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación, donde se espera un debate intenso.
Un punto controvertido es la retroactividad: durante la discusión en el Senado, Morena incluyó un artículo transitorio para aplicar la ley a procesos ya en curso, lo que generó acusaciones de “albazo” y posibles violaciones constitucionales. La presidenta Sheinbaum rechazó firmemente esta retroactividad en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, recordando que el artículo 14 de la Constitución prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva si perjudica a alguien. Explicó que este transitorio no estaba en su propuesta original y que no era necesario, pidiendo a los diputados que lo corrijan para respetar la Carta Magna y evitar conflictos. “No se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de las personas”, enfatizó, mostrando su compromiso con el estado de derecho.
Diversos medios han destacado las palabras de Sheinbaum como un “freno” al Senado y un llamado a la corrección. En redes sociales hay opiniones divididas: están quienes cuestionan si la reforma acerca a México al autoritarismo, mientras otros la apoyan como una modernización necesaria. Organizaciones civiles se oponen, alertando sobre impactos en grupos vulnerables. Esta reforma forma parte de un paquete más amplio para fortalecer el Poder Judicial, y su futuro en Diputados definirá si avanza tal y como está o con ajustes clave.
