El diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de facilitar la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito. La propuesta adiciona artículos que obligan a las entidades financieras y comerciales a procesar cancelaciones en un máximo de tres días hábiles, sin costos adicionales para los usuarios.
La iniciativa establece que las cancelaciones deben ser accesibles mediante canales presenciales, telefónicos y digitales, incluyendo aplicaciones móviles y portales web disponibles las 24 horas. Además, prohíbe la emisión de tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario, declarando nulas tales emisiones y obligando a reembolsar cargos indebidos en cinco días hábiles.
Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 59% de la población adulta posee una tarjeta de débito, mientras que circulan 37 millones de tarjetas de crédito con un saldo de 637 mil millones de pesos. La propuesta responde a quejas reportadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde en 2024 se registraron 7,594 reclamaciones por cancelaciones no atendidas.
El documento destaca barreras en la cancelación, como trámites presenciales obligatorios que afectan más a zonas rurales, donde el tiempo de traslado a sucursales es de 38 minutos en promedio. También critica la emisión de tarjetas no solicitadas, que vulneran la libertad contractual y generan cobros sin consentimiento válido.
En derecho comparado, se menciona la Truth in Lending Act de Estados Unidos, que permite cancelaciones por teléfono sin cargos extras, y leyes en España, Brasil y Argentina que facilitan rescisiones unilaterales sin penalizaciones, incluso con deudas pendientes.
La reforma adiciona el artículo 18 Bis 9 para exigir información clara sobre costos, prohibiendo promociones engañosas. El 18 Bis 10 manda bloquear preventivamente la tarjeta al solicitar cancelación, y el 18 Bis 11 detalla el proceso sin costos. El 18 Bis 12 nulifica emisiones sin consentimiento y prohíbe impactos en el historial crediticio.
La iniciativa entraría en vigor 30 días después de su publicación, con plazos para que autoridades como el Banco de México y la Condusef adapten disposiciones. Los contratos vigentes se ajustarán en renovaciones, priorizando el derecho del usuario a cancelar.
