La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una crisis constitucional tras la reforma al Poder Judicial, al afirmar que los cambios fueron aprobados conforme al marco legal establecido. Sheinbaum sostuvo que “se han cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución Política”, descartando cualquier conflicto de carácter constitucional.
En declaraciones posteriores, la mandataria vinculó la reforma al mandato popular expresado en las elecciones del pasado 2 de junio. Señaló que la voluntad del pueblo, sustentada en el artículo 39 de la Constitución, fue decisiva para impulsar las modificaciones al sistema judicial. “¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo”, afirmó.
La reforma judicial, según Sheinbaum, busca combatir la corrupción en el Poder Judicial, un problema que calificó como endémico. Subrayó que los cambios permitirán que personas con experiencia comprobada en el ámbito judicial puedan ser electas como ministros, magistrados o jueces, abriendo el camino para una mayor transparencia en las designaciones.
Sheinbaum también cuestionó a la Suprema Corte de Justicia, aludiendo a la resistencia de algunos ministros a la reforma. “Ocho ministros no pueden detener este cambio constitucional”, indicó. La presidenta argumentó que el sistema judicial actual está profundamente afectado por prácticas como el nepotismo, señalando que la propia presidenta de la Corte reconoció que el 46% de los puestos judiciales están ocupados por familiares de jueces y magistrados.
La mandataria reafirmó que la reforma representa un paso importante para la justicia en México y se comprometió a continuar impulsando los cambios necesarios para erradicar la corrupción en el sistema judicial.
