El Tribunal Federal del Distrito del Este en Brooklyn sentenció formalmente a Ismael Zambada García a cadena perpetua. La resolución judicial incluye la confiscación de 15 mil millones de dólares tras la declaración de culpabilidad del acusado por múltiples cargos vinculados al narcotráfico.
La sentencia fue dictaminada por el juez Brian Cogan, quien interrogó al acusado sobre las implicaciones de su decisión y validó su renuncia al derecho a un juicio. Durante la audiencia en la corte, el sentenciado aceptó su responsabilidad penal e indicó textualmente que “la violencia debe de acabar en México”.
Sobre las circunstancias de su traslado a territorio estadounidense en julio de 2024, el abogado defensor Frank Pérez presentó un documento argumentando que su cliente fue víctima de un secuestro. La defensa sostiene que el acto se concretó tras convocar al sentenciado para fungir como mediador en un conflicto político entre funcionarios electos del estado de Sinaloa.
Los expedientes presentados por la fiscalía federal evidencian que el cártel de Sinaloa garantizó la operatividad de sus rutas logísticas mediante el financiamiento ilícito. Los documentos detallan el pago de sobornos millonarios en diversas esferas del gobierno mexicano a lo largo de varias décadas.
La culminación de esta etapa judicial no suprime la viabilidad de mecanismos de información por parte del Departamento de Justicia estadounidense. Las autoridades mantienen las facultades legales para ofrecer beneficios procesales futuros a cambio de cooperación sobre el involucramiento de corporaciones policiales, militares y políticas en México.
El cierre procesal de este caso generó pronunciamientos públicos inmediatos por parte de diversos funcionarios de la administración ejecutiva estadounidense, quienes ratificaron las acciones contra la estructura financiera y operativa de la organización.
Como disposición final, la autoridad judicial emitió una recomendación formal al Buro de Prisiones para la asignación del centro penitenciario. El mandato prioriza que la instalación cuente con la infraestructura clínica necesaria para suministrar la atención médica que demanda el reo de 76 años.
