La presidenta Claudia Sheinbaum remitió este lunes a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral que plantea una reestructuración del sistema político, enfocada en modificar el método de acceso a las diputaciones plurinominales y aplicar un recorte generalizado a los órganos comiciales del país.
El documento propone eliminar la facultad de las dirigencias partidistas para definir las listas de representación proporcional. Bajo este nuevo esquema, los perfiles ya no serían designados por las cúpulas, sino que deberán someterse al voto ciudadano, alterando la dinámica de disciplina interna y postulación en todas las fuerzas políticas.
Como segundo eje rector, el Ejecutivo federal plantea una reducción sistemática de los costos operativos del aparato democrático. Esta medida contempla recortes directos al financiamiento de los partidos, así como al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de manera destacada, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
La iniciativa también proyecta una disminución en el gasto destinado a las diputaciones locales y senadurías. Durante su conferencia matutina, la mandataria argumentó que el objetivo central de esta reingeniería presupuestal es reducir la carga económica que la representación política representa para la administración pública.
El proyecto ha generado reservas en diversos sectores, incluyendo a la dirigencia del Partido del Trabajo y a exlegisladores como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida. A través de un pronunciamiento público, los políticos advirtieron que los cambios propuestos podrían representar un retroceso institucional y el eventual retorno a un formato de partido hegemónico.
En respuesta, Sheinbaum Pardo desestimó los señalamientos y enmarcó las críticas de los exfuncionarios como una defensa del antiguo régimen y símbolo de alianzas del pasado. La titular del Ejecutivo sostuvo que la reforma mantiene intacta la fórmula legal de asignación proporcional vigente desde 2015, modificando únicamente el origen de las candidaturas.
El documento iniciará su proceso de dictaminación en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se anticipa un debate técnico sobre la viabilidad operativa de organizar elecciones directas para listas regionales y el impacto que la reducción financiera tendrá en la autonomía de los institutos electorales a nivel estatal.
