Esta mañana, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos. Estos individuos representaban una amenaza para la seguridad nacional y fueron entregados en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y acuerdos de cooperación bilateral. La acción se llevó a cabo con respeto a la soberanía mexicana y bajo el compromiso de que las autoridades estadounidenses no solicitarán la pena de muerte, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los trasladados fueron transportados a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas hacia ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Esta operación forma parte de una serie de entregas similares durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024. Con este grupo, el total de criminales de alto impacto enviados a suelo estadounidense asciende a 92, lo que busca prevenir que generen más violencia en territorio mexicano.
El titular de la SCC, Omar García Harfuch, destacó en una publicación en X (Antes Twitter) que estos traslados fortalecen la seguridad binacional. Esta medida se enmarca en un contexto de presión por parte de la administración del presidente Donald Trump, quien ha enfatizado la necesidad de intensificar la lucha contra los carteles de drogas, incluyendo amenazas de aranceles si México no actúa con mayor firmeza.
Previamente, en febrero de 2025, México extraditó 29 figuras ligadas a carteles, y en agosto de ese año, otros 26, sumando esfuerzos para desarticular redes criminales responsables de tráfico de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de extradiciones ha aumentado desde la llegada de Trump a su segundo mandato en enero de 2025. Autoridades mexicanas han asegurado que estas acciones no comprometen la soberanía, sino que responden a solicitudes formales del Departamento de Justicia estadounidense, que ha prometido no aplicar la pena capital en estos casos. Entre los extraditados en lotes anteriores se incluyen líderes de carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, acusados de delitos graves como narcotráfico, secuestros y asesinatos.
Este tipo de operaciones busca no solo cumplir con compromisos internacionales, sino también debilitar las estructuras criminales dentro de México, donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha sido un desafío persistente. El gobierno de Sheinbaum ha priorizado la colaboración con el país vecino del norte para combatir el flujo de drogas, mientras enfrenta críticas internas por ceder ante presiones externas. Sin embargo, funcionarios enfatizan que estos traslados benefician directamente la seguridad de los mexicanos al remover amenazas activas.
La entrega de estos 37 operadores representa un paso más en la estrategia de seguridad nacional, que incluye el fortalecimiento de las instituciones y la coordinación con aliados internacionales. Se espera que continúen acciones similares para reducir la influencia de los carteles y promover la paz en el país.
