La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal no cobrará el impuesto del 8% a videojuegos considerados violentos, aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026. La razón principal, según la mandataria, es que resulta muy complicado determinar qué juegos son violentos y cuáles no. “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Quién va a determinar eso?”, explicó. Por eso, decidió suspender el cobro y enfocarse en campañas de concientización para jóvenes y adolescentes sobre los riesgos de las adicciones y los contenidos violentos.
Sheinbaum reveló que ya había pedido quitar este impuesto durante la discusión del Paquete Económico 2026, pero el Congreso lo mantuvo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en pasado noviembre, el gravamen formaba parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y buscaba recaudar 183 millones de pesos. La presidenta dijo que prefiere una estrategia educativa sobre fiscal, reforzando la “Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones”.
Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, salió después para señalar un inconveniente legal. Aunque apoya la decisión política, advirtió: “El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución que ya está en la ley”. Explicó que el impuesto está respaldado por la Ley del IEPS y la Ley de Ingresos 2026, aprobadas por el Congreso y promulgadas por Sheinbaum. Propuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envíe una iniciativa al Congreso para modificar o eliminar el impuesto, asegurando que Morena la aprobará rápido para ajustar las estimaciones de ingresos.
Monreal coincidió en que el impuesto es inviable porque no hay un sistema claro para clasificar los videojuegos, pero insistió en que la solución debe pasar por el Congreso, no por una decisión unilateral. Sugirió opciones temporales como un decreto de estímulo fiscal, pero la derogación definitiva requiere reforma legislativa.
La noticia alegró a la comunidad gamer y a la industria de videojuegos que había criticado el impuesto por ser confuso y difícil de cumplir. Aunque el impuesto buscaba desincentivar la violencia digital, su retiro muestra la apuesta por educar en lugar de castigar. Este caso pone en evidencia diferencias internas en Morena y los retos de aplicar leyes fiscales poco claras. México, décimo mercado mundial de videojuegos, podría ver esta decisión como un alivio para sus jugadores, pero el Congreso tendrá la última palabra en el próximo periodo de sesiones.
