La zona del Ajusco, un popular parque nacional al sur de la Ciudad de México conocido por sus senderos y vistas panorámicas, se ha convertido en un “foco rojo” para las desapariciones de personas, según alertan familiares, colectivos de buscadoras y activistas. En los últimos tres meses, se han reportado al menos tres casos que mantienen en vilo a la comunidad: la joven Ana Amelí García Gámez, de 19 años, desaparecida el 12 de julio mientras hacía senderismo en el Pico del Águila; María Isabella Orozco, de 16 años, vista por última vez el 2 de septiembre en la misma área; y Luis Óscar Ayala, odontólogo de 48 años, reportado como no localizado el 16 de septiembre tras salir a correr en la zona. Estos incidentes se suman a un historial de más de 300 desapariciones registradas en la alcaldía Tlalpan desde 2017, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que posiciona al Ajusco como un territorio de alto riesgo.
Las búsquedas han involucrado a autoridades como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP-CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y voluntarios con perros rastreadores. Por ejemplo, en el caso de Luis Óscar Ayala, su vehículo fue hallado en la base del cerro sin signos de violencia, y su reloj inteligente marcó una última ubicación en Xalatlaco, cerca del Ajusco, pero pese a operativos con drones y helicópteros, no hay avances concretos. Similarmente, para Ana Amelí, se implementó un operativo interinstitucional en julio que incluyó recorridos en áreas como El Abrevadero y Cerro La Cruz del Márquez, pero la joven sigue sin rastro. Familias como la de Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, y Lucía García, madre de Luis Óscar, han unido fuerzas en brigadas conjuntas, destacando la similitud de los casos: todos ocurrieron durante actividades recreativas en la montaña.
El Ajusco, con más de 920 hectáreas de terreno forestal escarpado, presenta desafíos para las labores de rescate: falta de señal celular, ausencia de alumbrado, caminos solitarios y cobertura limitada de cámaras de vigilancia debido a problemas de conectividad. Colectivos como “Hasta Encontrarles” y madres buscadoras señalan que la zona se usa como “cementerio clandestino”, con hallazgos frecuentes de restos óseos (como los de Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 y localizada en 2025, o Rubén Díaz Valencia en enero). En lo que va de 2025, Tlalpan acumula 360 casos oficiales de personas no localizadas, y la CDMX lidera el registro nacional con 1,306 desapariciones entre enero y julio, un aumento del 12.9% respecto a 2024, según México Evalúa. Esto refleja un “deterioro en las capacidades institucionales” y conflictos entre grupos criminales, advierten expertos.
La ciudadanía demanda mayor seguridad: senderistas y residentes de pueblos como San Miguel Topilejo y Santo Tomás Ajusco reportan robos, asaltos y “casas de seguridad” en la zona, con vigilancia insuficiente pese a promesas de operativos permanentes. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, presentó en abril la Estrategia para la Búsqueda 2025-2030 con 250 millones de pesos invertidos, pero críticos cuestionan su efectividad ante el récord de 1,459 casos en la capital hasta agosto. Este repunte forma parte de la crisis nacional: México acumula 127,876 desaparecidos al 2025, con 14,765 nuevos casos en el primer año de Claudia Sheinbaum, un 16% más que en 2024, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada urgen acciones urgentes. Familias claman por protocolos más rápidos y mayor presencia policial para evitar que el Ajusco pase de reserva natural a “tiradero de cuerpos”.
