Vidulfo Rosales, reconocido por su labor como abogado defensor de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, ha dado un giro inesperado en su carrera profesional. Recientemente, a menos de un mes de que Hugo Aguilar Ortiz asumiera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Rosales se incorporó como secretario de estudio y cuenta adscrito a la ponencia del nuevo ministro presidente. Esta posición lo ubica en la coordinación general de asesores de la presidencia, un área que ha visto un crecimiento significativo bajo la actual administración.
El sueldo bruto de Rosales en este puesto asciende a aproximadamente 167 mil 671 pesos mensuales, lo que deja un ingreso neto de alrededor de 118 mil pesos al mes. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el contraste con su trayectoria anterior. Durante casi 11 años, Rosales representó legalmente a los padres y madres de los normalistas, luchando por justicia en un caso que sigue siendo uno de los más sensibles en México. Su salida de esa representación no ha sido explicada de manera oficial, lo que ha alimentado especulaciones sobre si se trata de un “premio” por sus acciones pasadas, como protestas contra gobiernos anteriores, o si responde a alianzas políticas más amplias.
La noticia ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde se han viralizado comentarios críticos. Muchos usuarios lo tildan de “traidor” y cuestionan el porqué de su contratación en un momento en que la SCJN enfrenta escrutinio por su cercanía al gobierno federal. Algunos sugieren que su ingreso podría estar ligado a posibles ataques contra instituciones como el Ejército Mexicano, en el contexto de revisiones judiciales sensibles. Otros ven en esto un movimiento estratégico para influir en temas de derechos humanos desde el interior del Poder Judicial.
Este nombramiento forma parte de un cambio notable en la estructura de la SCJN. Bajo la presidencia anterior de Norma Piña, el equipo de asesores se limitaba a solo seis personas. Ahora, con Aguilar Ortiz al frente, esa cifra ha saltado a 97 colaboradores, lo que representa un gasto mensual estimado en unos 6 millones de pesos solo en esa área. Esta expansión ha sido criticada por observadores que ven un aumento en el clientelismo o en la politización de la Corte.
Hasta el momento, la SCJN no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre la designación de Rosales ni sobre las razones de su salida del caso Ayotzinapa. La información ha sido confirmada por fuentes periodísticas, pero el silencio institucional ha intensificado el debate público. Este suceso pone de nuevo en el centro la tensión entre la independencia judicial y las influencias políticas, en un contexto marcado por reformas al Poder Judicial en el país.
