Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre los avances en la investigación del caso Teuchitlán, Jalisco. El caso captó la atención nacional debido a las actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el rancho Izaguirre, un predio que inicialmente fue señalado como un posible “campo de exterminio”. Sin embargo, las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descartaron la existencia de crematorios clandestinos en el lugar, confirmando en cambio que el rancho era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones del CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del país.
Fue el 5 de marzo pasado, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, un grupo formado por familiares de personas desaparecidas, acudió al rancho Izaguirre tras recibir llamadas anónimas que alertaban sobre actividades criminales en el lugar. Con un equipo de unas 40 personas, el colectivo encontró indicios preocupantes, como restos óseos quemados, más de 150 pares de zapatos y bolsas con ropa, lo que llevó a especular que el sitio podría haber sido usado para incinerar cuerpos. Este hallazgo generó indignación y tristeza entre los buscadores, quienes criticaron a la Fiscalía de Jalisco por no haber detectado estos restos previamente, a pesar de haber recorrido el terreno. La situación escaló hasta que la FGR tomó control del caso, debido a las fallas en la investigación local, según informó Gertz Manero.
Durante la conferencia, Gertz Manero explicó que, tras 15 días de haber tomado posesión del rancho, la FGR realizó un análisis exhaustivo con apoyo de expertos de la UNAM. Los resultados no muestran evidencia de crematorios clandestinos, ya que las condiciones térmicas del sitio nunca alcanzaron los 800 grados centígrados necesarios para incinerar cuerpos humanos. En cambio, las pruebas confirmaron que el rancho Izaguirre funcionaba como un centro operativo del CJNG, donde se reclutaba y entrenaba a personas para actividades delictivas. Además, se reveló que 15 individuos, previamente detenidos por otros delitos, están siendo investigados por su posible vinculación con este caso.
La investigación también abordó las prendas encontradas en el rancho, que no habían sido analizadas previamente por las autoridades locales. Gertz Manero aseguró que se trabajará en la identificación de estas prendas y se comprometió a apoyar a los familiares de personas desaparecidas, afirmando: “Estamos con ellos, vamos a estar con ellos, vamos a coadyuvar con ellos en la identificación de las prendas, y vamos a seguir la investigación hasta las últimas consecuencias”.
Este mensaje busca generar confianza en un contexto de dolor e incertidumbre, especialmente en Jalisco, un estado que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), reporta más de 15,000 personas desaparecidas hasta abril de 2025, siendo uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado.
El caso Teuchitlán ha puesto en el reflector la lucha contra el CJNG. Según un informe de la DEA de 2024, la organización delictiva opera en al menos 24 estados de México y es responsable de gran parte del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo convierte en una prioridad para las autoridades mexicanas y estadounidenses. La FGR también dejó abierta la posibilidad de investigar a autoridades locales de Jalisco por omisión o complicidad, ya que Gertz Manero calificó de “increíble” que las actividades del rancho no fueran detectadas antes por funcionarios municipales o estatales.
La conferencia de Gertz Manero tuvo como objetivo principal aclarar las especulaciones sobre el rancho Izaguirre y reafirmar el compromiso de la FGR con una investigación transparente y basada en evidencia científica. Sin embargo, la noticia de que no había crematorios clandestinos puede generar tensiones con colectivos de búsqueda, quienes han exigido respuestas claras sobre las desapariciones en la región.
Mientras las investigaciones continúan, la FGR ha prometido un diálogo abierto con los familiares y la sociedad. La resolución del caso Teuchitlán podría marcar un precedente en cómo las autoridades abordan estos crímenes, pero también pone a prueba la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
