Este lunes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que, a partir del 14 de julio, la mayoría de los tomates importados desde México enfrentarán un arancel del 20.91%. Esta decisión se toma tras la retirada de un acuerdo previo firmado en 2019 durante la administración de Donald Trump, el cual tenía como propósito evitar una investigación antidumping y resolver disputas arancelarias. Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo no logró proteger adecuadamente a los productores nacionales. Con la imposición de estos aranceles, el gobierno estadounidense busca garantizar una competencia justa para sus agricultores.
México es el principal proveedor de tomates para Estados Unidos, con exportaciones que alcanzaron los 2,700 millones de dólares en 2023. Se estima que el 90% de los tomates importados por la Unión Americana provienen de México, y seis de cada diez tomates consumidos en ese país son de origen mexicano. La imposición del arancel podría aumentar significativamente los precios para los consumidores estadounidenses y afectar a los productores mexicanos.
El gobierno mexicano, a través del secretario de Agricultura Julio Berdegué, expresó su intención de iniciar un diálogo con Estados Unidos para renovar el acuerdo bilateral que ha beneficiado a los exportadores mexicanos de tomates. Berdegué señaló que el Departamento de Comercio notificó su retirada del acuerdo, lo que implicaría que los exportadores mexicanos tendrían que pagar cuotas del 20%, encareciendo sus productos en el mercado estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que la notificación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos no haya sido dirigida al gobierno mexicano, sino únicamente a los abogados de los productores estadounidenses. Afirmó que, en caso de aplicarse la sanción, el jitomate mexicano seguiría exportándose, aunque a un precio más alto.
La imposición de este arancel podría tener un impacto significativo en el mercado estadounidense, ya que se estima que los consumidores en Estados Unidos pagarán entre 38% y 70% más por el tomate mexicano. Además, muchos exportadores pequeños y medianos podrían enfrentar dificultades para cubrir los depósitos requeridos para exportar, que sumarían 350 millones de dólares, fondos que muchos productores mexicanos no poseen.
El gobierno mexicano espera que durante el periodo de 90 días antes de la entrada en vigor del arancel, se pueda negociar con Estados Unidos para evitar que la salida del acuerdo se concrete y así preservar las condiciones favorables para el comercio de tomates entre ambos países.
