El Senado de la República aprobó, con 93 votos a favor, 35 en contra y 0 abstenciones, la reforma constitucional que adiciona el segundo párrafo al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Tras un debate de cinco horas, la votación en lo general alcanzó los 94 votos a favor necesarios para lograr la mayoría calificada requerida para reformar la Carta Magna.
La propuesta, respaldada en bloque por la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM, fue enviada a las legislaturas locales, donde al menos 17 de los 32 congresos estatales deben aprobarla para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. Según informó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, hasta el momento 19 legislaturas han avalado el cambio, superando el mínimo constitucional requerido.
La modificación amplía los delitos que ameritan prisión preventiva automática durante el proceso penal. Entre estos se encuentran: extorsión, producción y tráfico de precursores químicos, drogas sintéticas y fentanilo, delitos graves contra la salud y el libre desarrollo de la personalidad, contrabando, y la fabricación de comprobantes fiscales falsos.
Durante la discusión, los legisladores expresaron posiciones divididas. La senadora Lilly Téllez (PAN) criticó la medida al calificarla como una forma de instaurar “cárcel en caliente”. Por su parte, el senador Alejandro Murat (Morena) defendió la reforma argumentando que pondrá fin a la “puerta giratoria” en el sistema judicial. La senadora Andrea Chávez (Morena) señaló que quienes se oponen a la reforma defienden intereses de delincuentes, mientras que el líder panista Marko Cortés calificó la medida como un debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Tras la aprobación en el Senado y el respaldo de las legislaturas estatales, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación. Una vez promulgada, las autoridades correspondientes, como el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), serán responsables de implementar las nuevas disposiciones en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El proyecto también establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública coordinará la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para homologar estándares en materia de seguridad y esclarecer hechos delictivos. La SSPC estará a cargo de liderar estas acciones, garantizando una coordinación integral con las instituciones de seguridad a nivel nacional.
Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer el combate a delitos de alto impacto y garantizar mayor eficacia en la aplicación de la justicia penal. Sin embargo, los críticos han advertido sobre posibles violaciones a derechos humanos, un punto que seguirá siendo debatido en el ámbito político y jurídico.
