El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación por la eliminación de órganos autónomos en México, aprobada recientemente por el Congreso. La medida, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, transfiere las funciones de estas instituciones al Poder Ejecutivo, lo que podría debilitar la independencia institucional y los principios democráticos en el país.
Estos órganos, creados como parte de la transición democrática de México, han jugado un papel clave en la transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos. Entre las instituciones afectadas están el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
La reforma, impulsada inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca centralizar funciones para un supuesto ahorro presupuestal de hasta 100 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han señalado que esta medida podría violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige la existencia de una autoridad antimonopolios y otras garantías regulatorias.
El INAI, en particular, ha sido objeto de críticas del gobierno federal, que lo ha acusado de ineficaz y de proteger intereses particulares. No obstante, el instituto ha sido clave en la resolución de quejas ciudadanas sobre acceso a la información y transparencia, incluso en casos controvertidos relacionados con la administración pública.
La consolidación de funciones en el Poder Ejecutivo también plantea dudas sobre la continuidad de políticas técnicas y especializadas, esenciales para áreas como telecomunicaciones, competencia económica y regulación energética. Analistas advierten que esto podría generar incertidumbre en el sector privado y afectar la competitividad del país.
El Colegio de Abogados subrayó que los órganos autónomos representan un contrapeso esencial en una democracia y su desaparición podría comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones públicas. Además, destacó que este cambio podría retroceder los avances logrados en gobernabilidad democrática y Estado de derecho en México.
En respuesta a las críticas, el gobierno ha defendido la reforma como un paso necesario para optimizar recursos y combatir la corrupción. Sin embargo, el debate sobre las implicaciones de esta decisión sigue abierto en el ámbito nacional e internacional.
