El Senado de la República aprobó la reforma conocida como “supremacía constitucional” en la madrugada del viernes pasado. La minuta fue aprobada con 85 votos a favor y 41 en contra, logrando así la mayoría calificada necesaria para su avance. Esta reforma, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
La iniciativa ha sido impulsada principalmente por la mayoría oficialista, con el objetivo de fortalecer la autonomía del Poder Legislativo frente al Poder Judicial. Según sus proponentes, la reforma limita la posibilidad de presentar controversias constitucionales o juicios de amparo contra reformas aprobadas por el Congreso, buscando prevenir que el Poder Judicial bloquee cambios legislativos.
Durante la presentación del dictamen, el senador Óscar Cantón Zetina, en representación de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que la reforma establece que “no procederán las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso”. Además, se busca “evitar que el juicio de amparo sea utilizado para impugnar estas modificaciones”.
La medida ha generado controversia desde su concepción, siendo percibida como una reacción a las suspensiones emitidas por jueces federales contra reformas impulsadas por la mayoría oficialista. Legisladores de oposición y diversas organizaciones han expresado su preocupación, argumentando que la reforma podría debilitar el equilibrio de poderes y afectar la independencia del sistema judicial.
La reforma también tiene la intención de garantizar la continuidad de recientes cambios legislativos que han enfrentado críticas y recursos judiciales. Entre estos, se destaca la propuesta de elegir jueces mediante mecanismos que, según la mayoría legislativa, son más democráticos, aunque han suscitado objeciones legales significativas.
Entre los 85 votos a favor se encuentran senadores de los partidos oficialistas y sus aliados, quienes argumentan que la reforma es necesaria para “blindar” las reformas constitucionales y reducir lo que consideran intervenciones excesivas del Poder Judicial. En contraste, los 41 votos en contra provienen mayormente de legisladores de oposición, quienes sostienen que la medida vulnera los derechos ciudadanos al limitar el acceso a recursos legales para cuestionar modificaciones constitucionales.
