La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que reconoce en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta reforma, dichas comunidades adquieren personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les otorga el derecho a ser consultadas antes de implementar cualquier política o medida que afecte su entorno o vida.
La reforma marca un cambio significativo, pues los pueblos indígenas y afromexicanos dejarán de ser considerados entidades de interés público para convertirse en titulares de derechos y obligaciones jurídicas. Este avance les garantiza participación activa en la toma de decisiones que impacten sus territorios y cultura.
Durante la discusión, la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, expresó que esta reforma es histórica. “Hoy es un día histórico… después de más de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución”, afirmó, subrayando la importancia de la diversidad cultural en México.
Por su parte, la diputada María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, destacó que la reforma pretende saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas. Resaltó que, según el Coneval, el 77% de la población indígena vive en pobreza y el 35% en pobreza extrema, por lo que, aunque la reforma es un avance, aún se requiere armonizar leyes federales y estatales.
La reforma también establece que, cuando una medida administrativa beneficie a un particular, este deberá cubrir el costo de la consulta, y el particular deberá otorgar un beneficio justo y equitativo a las comunidades afectadas. Además, se garantiza que el Estado brinde las condiciones necesarias para que estas comunidades gestionen sus propios medios de comunicación y acceso a nuevas tecnologías.
Finalmente, la reforma fue enviada al Senado para su discusión y posible aprobación, lo que representa un paso clave en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios de México.