La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general el dictamen de la reforma al Poder Judicial, con una votación de 22 a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Este avance se da en medio de una creciente ola de protestas a nivel nacional por parte de trabajadores del sector judicial que se oponen a la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma plantea cambios significativos en el sistema judicial mexicano, incluyendo la elección popular de jueces, magistrados de circuito y jueces de distrito. Además, propone una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo Órgano de Administración Judicial. Estos cambios buscan, según la propuesta, hacer el sistema judicial más accesible y representativo para la ciudadanía.
Con la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen avanzará para su análisis y votación en la Cámara de Diputados, cuya LXVI Legislatura iniciará sus sesiones ordinarias el 1 de septiembre próximo. La Cámara baja estará dominada por la mayoría de Morena y sus partidos aliados, lo que podría influir en el resultado final de la votación.
Los partidos de oposición, incluyendo al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, ya han anunciado su intención de votar en contra de la reforma. Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, criticó la propuesta y advirtió sobre los posibles riesgos de permitir la elección popular de los jueces, argumentando que podría comprometer la imparcialidad y objetividad del sistema judicial.
Expertos en derecho y derechos humanos han manifestado su preocupación respecto a la reforma. Consideran que la elección popular de jueces y magistrados podría someter a la judicatura a presiones electorales y políticas, lo que afectaría negativamente la imparcialidad de las decisiones judiciales. Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han advertido que esta reforma podría representar un retroceso en la protección de los derechos humanos, al incentivar la elección de jueces menos dispuestos a dictar liberaciones y debilitando el control judicial sobre las fiscalías y fuerzas de seguridad.
Antes de su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, se habían propuesto consultas públicas y foros de parlamento abierto para evaluar la viabilidad de la reforma. Sin embargo, tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum han señalado que la iniciativa está programada para ser discutida y votada a inicios de la LXVI Legislatura, sin mayor demora.
La reforma sigue generando un intenso debate y su impacto futuro en el sistema judicial y en los derechos de los ciudadanos estará bajo un escrutinio cercano a medida que avanza su tramitación legislativa.
