A partir del 21 de agosto, los jueces federales del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciarán un paro de labores en apoyo a los trabajadores de la institución. Esta medida se toma tras una votación en la que mil 202 de los mil 403 juzgadores que participaron se manifestaron a favor de la suspensión de actividades jurisdiccionales, mientras que 201 votaron en contra.
El paro, que arranca en la primera hora del miércoles, abarcará a todos los juzgados y tribunales del país, salvo algunas excepciones donde se mantendrán guardias para atender casos urgentes. Esta acción se suma al paro de labores que comenzó el 19 de agosto con los empleados del PJF, quienes se oponen a las reformas judiciales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión de los jueces de sumarse al paro se consultó a través de una plataforma digital facilitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF. La votación reveló un amplio apoyo entre los jueces para suspender las actividades jurisdiccionales, destacando un consenso mayoritario en contra de las reformas que han generado controversia.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha anunciado la suspensión de la sesión del Pleno programada para el 20 de agosto. Según un comunicado oficial, esta sesión se pospuso para llevar a cabo una reunión privada entre ministras y ministros en la sede del Alto Tribunal.
El paro de labores del PJF es una respuesta contundente de los jueces y trabajadores del sector judicial contra las reformas que, según ellos, afectan los derechos laborales y ponen en riesgo la independencia judicial. La medida busca presionar a las autoridades para reconsiderar y ajustar las propuestas en beneficio del sistema judicial y sus operativos.
La prolongación de este paro dependerá de la respuesta de las autoridades y de las negociaciones que se lleven a cabo en los próximos días. Los participantes en el paro han enfatizado la importancia de proteger la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial en México, mientras buscan garantías para un funcionamiento adecuado del Poder Judicial.
