La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones no es una concesión, sino un derecho fundamental. Esta declaración se dio en el marco de la Primera Reunión de Mujeres Parlamentarias del P20, celebrada en Marceió, Brasil.
Durante su intervención en el evento, Guerra Castillo enfatizó que la paridad y la participación política de las mujeres en la vida pública no se limitan a la obtención de cargos, sino que también implican acciones concretas para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades. “Se trata también de qué se hace con esos cargos para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades”, sostuvo.
En la segunda sesión, titulada “Mujeres en el Poder: ampliando la representatividad femenina en espacios de decisión”, la legisladora subrayó que para lograr un mundo justo y sustentable es necesaria la paridad e igualdad en cada uno de los cargos, especialmente en los de representación popular. “La paridad y la igualdad, para que sean consistentes, deben de ser dimensionadas como una garantía constitucional que reforme la estructura del Estado”, afirmó Guerra Castillo.
La diputada reconoció las barreras persistentes que las mujeres enfrentan, como las violencias, los feminicidios, la brecha salarial, la falta de políticas públicas con perspectiva de género y la carencia de espacios seguros e igualitarios. Sin embargo, destacó que la lucha por la igualdad transversal debe continuar: “No podemos claudicar, porque la igualdad transversal significa: las mujeres empoderadas, siempre y las mujeres empoderadas, en todo lugar”.
En el caso de México, Guerra Castillo destacó los avances significativos en materia de paridad. En la Cámara de Diputados y el Senado de la República se ha alcanzado la paridad, y mujeres presiden instituciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, 13 de las 32 entidades federativas son gobernadas por mujeres, y el Poder Ejecutivo cuenta con un gabinete paritario. México también hizo historia al elegir por primera vez a una mujer como presidenta de la República.
La legisladora recordó que una serie de reformas ha llevado a la paridad constitucional, lo que ha cambiado la forma de contrarrestar la violencia política contra las mujeres. “Hay un rechazo, hay una resistencia a compartir el poder; ante mayor participación de la mujer en la vida pública ha aumentado también la violencia”, señaló. Por ello, se han implementado reformas para sancionar la violencia política por razón de género, incluyendo la pérdida del registro de candidaturas y la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
En la reunión, representantes de diversos parlamentos debatieron sobre las buenas prácticas nacionales e internacionales para garantizar la paridad de género y combatir los obstáculos en su participación. Se analizaron políticas de cuotas para ampliar la representación de las mujeres en los parlamentos, experiencias en el combate a la violencia política por razones de género y la política de cuidados y sus buenas prácticas.
