La propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea cambios significativos en la estructura de seguridad pública en México. La iniciativa no solo propone que la Guardia Nacional sea manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que también militariza la investigación de delitos y perpetúa la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
La iniciativa otorga al Congreso la facultad de definir las funciones de la milicia con una mayoría simple de legisladores, lo que desdibuja los límites del fuero militar y desnaturaliza la figura del Ministerio Público. Además, confiere al presidente de la República la facultad de disponer del personal castrense para realizar actividades de seguridad pública en cualquier momento, no solo de manera extraordinaria.
Desde 1917, el Ministerio Público ha sido el encargado exclusivo de investigar delitos, apoyándose en las policías que actúan bajo su mando. La reforma, sin embargo, propone modificar el artículo 21 de la Constitución para que la Guardia Nacional también realice actividades de investigación delictiva, aunque bajo la conducción del Ministerio Público. Esta inclusión de militares en funciones de investigación altera la naturaleza civil del Ministerio Público y otorga competencias exclusivas de autoridades civiles a la Sedena.
El perfil militar de la Guardia Nacional se enfatiza en la misma propuesta de López Obrador, que describe a la institución como una fuerza de seguridad pública integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Sedena. Esto perpetúa la militarización de la seguridad pública y permite que los militares conformen las investigaciones que tradicionalmente han sido competencia de los Ministerios Públicos.
La reforma también incluye modificaciones a las fracciones VI y VII del artículo 89 de la Constitución, permitiendo al presidente disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y la defensa exterior del país. Esto contradice el rol policial de la Guardia Nacional, que debería estar limitada a funciones de seguridad pública, un ámbito exclusivo de las autoridades civiles según la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, la propuesta busca cambiar el artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer funciones ajenas a la disciplina militar. Esta reforma permitiría que los militares continúen realizando labores que corresponden exclusivamente a civiles, como la construcción de obras y el manejo de aduanas y aeropuertos, trasgrediendo el mandato constitucional actual.
La iniciativa también otorga al Congreso la facultad de expedir leyes que regulen la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública. Esto podría ser aprobado con una mayoría simple, facilitando la intervención militar en funciones civiles y mezclando competencias de seguridad interior con seguridad pública.
En conclusión, la reforma propuesta por el presidente López Obrador apunta a una mayor militarización de la seguridad en México, otorgando amplias competencias a las Fuerzas Armadas en detrimento de las autoridades civiles. Esta iniciativa plantea serias implicaciones para los derechos humanos y la estructura constitucional del país, reforzando el control militar sobre áreas tradicionalmente reservadas para civiles.
