En Jalisco, personal médico de la Secretaría de Salud negó el acceso al aborto a una niña de 12 años que fue violada. Argumentan que no cuentan con el personal para realizarlo. Una niña de 12 años que fue violada y quedó embarazada lleva once días internada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco sin poder acceder al procedimiento. Su familia, del interior del estado, se trasladó a Guadalajara y pidió apoyo a las autoridades para interrumpir el embarazo, sin que hasta el momento puedan ejercer este derecho.
La niña, que tiene entre 25 y 27 semanas, es decir, se encuentra al inicio del tercer trimestre del embarazo, ha recibido invitaciones del personal médico “para escuchar el sonido del bebé” o “para darlo en adopción”, denuncia Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), organización que acompaña el caso. La autoridad argumenta que “no tiene personal capacitado para el número de semanas de gestación combinado con la edad de la menor”, dice Ortega.
Sin embargo, desde 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —física o mental—. En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, dice el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud. Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, en sus artículos 227, 228 y 229, tampoco establece semanas límite para las solicitantes víctimas de violación.
Solicitantes se enfrentan a violencia médica
Animal Político ha documentado que, en Jalisco, las autoridades y médicos del servicio de salud se niegan a realizar abortos a víctimas de violación o solicitantes que ven en riesgo su salud física o mental y, cuando finalmente acceden, les realizan un legrado, un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda desde hace más de una década.
El servicio de interrupción tiene siete años en activo. En total, la Secretaría de Salud ha atendido a 225 solicitantes. Los años 2022 y 2023, son los que abarcan mayor número de atenciones, con 57 casos y 114 casos respectivamente, de acuerdo con la base de datos
pública de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH). Miles de mujeres han protestado por la interrupción legal del embarazo.
Sin embargo, las autoridades sanitarias están lejos de brindar el servicio a todas las mujeres solicitantes. En nuestro reportaje, documentamos cómo ante la falta de información pública y trabas en el acceso al servicio, las solicitantes optan por trasladarse a la Ciudad de México, con apoyo económico de la organización Fondo María, donde hay un programa de atención pública y privada desde 2007. En otros casos, donde no hay posibilidades económicas de trasladarse, las solicitantes también optan por acercarse a la colectiva tapatía “Mis Amigas Me Acompañan”, para obtener una interrupción medicamentoso desde casa.
¿Por qué las autoridades de Secretaría de Salud de Jalisco niegan el aborto a niña de 12 años?
“Lo que sucedió es que le negaron el servicio y pensamos que la intención era dejarla continuar con el embarazo hasta parir y mandarla a su casa con un hijo producto de una violación”, dijo Patricia Ortega, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco. En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Patricia Ortega, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco, habló sobre ¿Qué dicen las autoridades de Secretaría de Salud de Jalisco para negar el aborto a niña de 12 años violada y que lleva 11 días en espera de ser atendida?
“Lo que sucedió es que le negaron el servicio y pensamos que la intención era dejarla continuar con el embarazo hasta parir y mandarla a su casa con un hijo producto de una violación”, dijo.
Comentó que han trabajado en el tema por muchos años y sentían que se avanzaba en el tema de los protocolos, y en el estado hubiera quién prestara el servicio dentro de una institución pública. Lo anterior independientemente de que no se hubiera armonizado, como se tenía que haber hecho con el Código Penal y la Constitución del Estado con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se dieron en 2021 y 2023.
¿Qué ocurre en el caso de la niña en Jalisco?
Consideró que es como vivir en una realidad paralela, pues de un momento a otro un caso que debería de recibir toda la atención, inmediata, más especializada y sensible, es a la que se le niega.
Añadió que atender a las usuarias adultas, que viven una violación pero que habitan en el área metropolitana, que tienen información y escolarización, es fácil, porque llegan en las primeras semanas, en cuanto detectan el embarazo, saben a dónde acudir y las campañas de difusión les han llegado.
“En este caso estamos hablando de una menor, que además con todas las agravantes de la situación, sin recursos, con un embarazo avanzado, con esas condiciones en que esta situación se vuelve más grave”, expresó.
Patricia Ortega señaló que las autoridades argumentan que no cuentan con personal capacitado para hacer el procedimiento en la edad que tiene la niña y en el punto gestacional en que se encuentra.
