Infantes frente a las violencias ¿cómo rescatarlos?

Por Claudia Lilia Cruz Santiago*

El Estado mexicano ha enfrentado la violencia y el crimen con acciones violentas e ilegales. Durante más de una década, los menores han zozobrado en medio de la turbulencia y ante ello ninguna autoridad pública ni otros actores sociales han estado a la altura del desafío.

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En las ultimas semanas, dos temas socavaron y conmovieron a la sociedad mexicana. En ambas, niñas, niños y adolescentes fueron parte de actos de violencia de alto impacto, ya sea como víctimas o victimarios.

En un primero caso, el estudiante de 11 años de un colegio privado de Torreón asesinó con arma de fuego a su maestra e hirió a un profesor y otros cinco menores antes de suicidarse. Lo que se ha conocido tras el atentado, ofrece un panorama desolador de la realidad que envuelve a los menores en el México de estos años.

Las autoridades de la FGJ de Coahuila ha informado que la madre del menor había muerto degollada años atrás y que el padre se hallaba detenido en EU por delitos ligados al narcotráfico. El abuelo, a quien pertenecían las armas utilizadas en el plantel, ejercía la guarda y custodia del niño y no solo eso, sino que estaba al tanto del mal estado mental y emocional del menor.

El otro hecho se suscitó tras difundirse en un diario europeo las fotografías de 19 menores de entre 6 y 15 años, marchando con armas viejas y oxidadas, uniformados y con el rostro cubierto.

Los infantes encabezaron la protesta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, CRAC, que junto a centenares de pobladores de Chilapa, municipio de Guerrero, protestaron por la ejecución extrajudicial y calcinación de 10 personas que trabajaban con un grupo musical de la zona.

Las autoridades locales atribuyen el homicidio múltiple a un grupo criminal conocido como los Ardillos, que ha implantado el terror ante el vacío que deja el Estado en esa zona del país.

En estos hechos evidencian realidades que nos obligan a reflexionar. Primero, ¿qué clase de medio ambiente estamos desarrollando alrededor de nuestra infancia en comunidades, escuelas y en el seno familiar?, ¿qué clase de valores, educación y aprendizajes les estamos heredando?, ¿qué clase de mujeres y hombres resultarán de personas que desde la infancia y adolescencia vivieron y mamaron las violencias, no solo como víctimas sino como victimarios?

A estas preguntas debe seguir otra, fundamental: ¿QUÉ DEBEMOS HACER? Ya sean autoridades federales, estatales o municipales; legisladores, el Poder Judicial, las y los empresarios, las y los familiares y todas las personas adultas estamos obligados a “deconstruir” estos ambientes llenos de violencia.

El punto es, ¿cómo hacer para sanear y construir ambientes sanos y libres de violencia?, ¿quiénes son los que tienen la obligación de dotar de herramientas para que estos ambientes cambien en todo el país y permeen en todas las comunidades?, ¿qué nos toca hacer a cada una de las instituciones, familias y/o personas en lo colectivo y en lo individual?

Para obtener algunas claves debemos recoger las experiencias de otros países que han sufrido este mismo mal. Niñas, niños y adolescentes (NNA) soldados han existido en Camboya, en Nigeria o en Colombia; también homicidas como en Canadá, Francia o Noruega; suicidas en Japón, Alemania, China y Rusia.

La primera responsabilidad de los casos donde NNA son víctimas, víctimas victimarios, es del Estado. Son las autoridades y sus instituciones quienes están obligadas constitucionalmente a velar por los Derechos Humanos de los menores.

Sucesos como los descritos con anterioridad, obligan a las autoridades del Estado a ofrecer atención inmediata ante la situación de violencia y violencia extrema en que están perdiendo la vida NNA.

Se debe atender de forma inmediata la perdida de vidas de NNA en “vida”. Cuando el Estado, las Familias y la Sociedad en su conjunto les olvidamos e invisibilizamos, sus vidas son capturadas por grupos delictivos de toda índole. Sea por necesidad, ignorancia o por sometimiento terminan como escudos paramilitares y algo de tal magnitud no puede pasarse por alto.

Es verdad que la violencia puede ser y es normalizada por las personas adultas y las instituciones, pero me niego a pensar que es “lógico” que ante la inseguridad de las comunidades desesperadas por la ausencia del Estado, se valgan de ejércitos compuestos por niños y niñas para proteger sus vidas y comunidades.

Esa es responsabilidad de cualquier Estado Nación. De lo contrario, en la práctica replicamos lo mismo que hacen los grupos criminales al incorporar a NNA como sicarios.

En general las personas adultas no sabemos enfrentar las violencias y mucho menos nuestros miedos, corajes, frustraciones y otras emociones que derivan de los actos de violencia y eso nos coloca en algún grado de vulnerabilidad. Menos sabemos actuar ante la supuesta “protección” de niñas, niños ya adolescentes pues hacemos todo lo contrario para implementar el Principio del Bien Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Actuamos de forma contraria a ello y realizamos acciones que primero protegen a las personas adultas, sin revisar y visibilizar que socavan los derechos y libertades de la infancia. Así pues, “El Bien Superior de NNA” no es una frase hecha para escucharse muy nice, el Bien Superior debe ser un hecho para implementarse y pasar de los libros a la acción.

Hasta ahora, las autoridades han manejado de forma desastrosa y criminalizante estos dos acontecimientos, el de Torreón y el de Chilapa. Políticas como implementar detectores de armas o metales, bolsas de plástico transparente, policías armadas con perros en las escuelas o mochila segura son, además de una invasión a la privacidad de las NNA, violatorias a los Derechos Humanos y no funcionan.

Como he dicho en anteriores ocasiones, todo tipo de violencia debe ser vista, analizada y atendida desde la mirada de la Salud Pública y la Justicia Social. Hasta hoy, lo único que se ha realizado obedece a una visión policíaca y criminalizante.

Las Políticas Públicas de prevención, atención y rehabilitación de las violencias para la protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes deben contener diversas características ya implementadas en otros países donde han vivido situaciones similares a las nuestras. Por ello quisiera exponer los siguientes ejemplos que dan la pauta para adecuarlos a nuestras situaciones, condiciones y necesidades:

  1. Las Políticas Publicas deben implementarse de manera coordinada entre autoridades, planteles educativos, madres y padres de familias, bajo la guía de las instituciones de Salud, Educación, Desarrollo Social y del Trabajo. Al mismo tiempo deben ir acompañadas de la Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC que ya han trabajado y/o son parte de las comunidades o regiones territoriales donde se presentan situaciones de violencias.
  2. En lo particular deberá conformarse una coordinación con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales junto con las Secretarias de Estado y las Comisiones de Derechos Humanos para desarrollar programas y políticas públicas para la prevención, atención, rehabilitación y reinserción de niñas, niños y adolescentes en alto riesgo y/o en situación de Crisis Humanitaria y/o en situaciones de violencia familiar, escolar y/o comunitaria.
  3. A pesar de que todos los componentes de los programas de prevención y atención a las violencias operen con vistas a un objetivo común “el Bien Superior de NNA”, cada una de las dependencias y/o instituciones tiene una función y un ámbito de trabajo a desarrollar con experiencia y especialidad en el objetivo particular a atender, pero se deben entrelazar para un impacto alto y positivo de alta efectividad de los programas y políticas públicas implementadas a corto, mediano y largo plazo.
  4. Desde una visión desde la salud pública, se deberán desarrollar cinturones sanitarios -como cuando existe una pandemia en zonas o comunidades donde haya presencia de grupos criminales.
  5. Los Servicios de prevención, atención, rehabilitación y reinserción que deben proveer las instituciones de gobierno junto las autoridades comunales, familiares, padres y madres de familias y OSC en las escuelas necesitan garantizarse desde el Estado.
  6. Cada uno de los programas y políticas deben desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación para que las OSC, familiares e integrantes de las comunidades puedan monitorear y evaluar de forma permanente en su desarrollo e implementación las instituciones. Por ello deberán desarrollar indicadores de impacto y efectividad en la vida y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
  7. Los programas y políticas deberán considerar un enfoque Holístico-Multidisciplinario que permita un Análisis de Riesgo exhaustivo que abarque todos los factores de riesgo y de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. Las situaciones de NNA no deberán considerarse de manera aislada sino tomando en cuenta todos los factores de riesgo detectados al momento de las entrevistas a la comunidad, a las madres y padres de familia y a las mismas niñas, niños y adolescentes beneficiarios sobre los efectos en su desarrollo físico, biológico, psíquico y mental, así como los que puedan afectar su bienestar para su sano desarrollo.
  8. Los programas para NNA que han vivido situaciones de violencia deberán promover el proceso de desarrollo y fomento a las resiliencias para el fortalecimiento de sus recursos internos y externos, analizando también las resiliencias familiares, sociales y comunitarias. Por ejemplo, la educación y la profesionalización de las personas facilitan la reinserción profesional de las y los jóvenes y sus familias en los procesos civilizatorios y de desarrollo que les facilitarán sus procesos en la construcción de proyectos de vida futura de manera más cierta y clara.
  9. Los mecanismos de participación de la NNA son fundamentales en estos procesos en donde la comunidad, las familias, madres y padres puedan desemvolverse, comunicar sus opiniones e inquietudes, sus miedos y desconfianzas, y de manera muy particular las niñas, niños y adolescentes. Una manera de invisibilizar a las NNA es que las instituciones no consideren sus opiniones, lo que se traduce en una nueva violencia.

En México hoy se requiere reeducar a nuestras familias y comunidades. Eso permitirá reconstruir y cohesionar el tejido familiar, social y comunitario que tanto se necesita en diversas partes de nuestro territorio.

*Defensora de los Derechos Humanos
@claudiacruz2001

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