Desafíos para la nueva presidencia de la CNDH

El 6 de junio de 1990 se publicó el decreto presidencial que creó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de la SEGOB.

Claro… para generar legitimidad democrática y en medio de una gran desconfianza y una gran movilización nacional ante un proceso político pos-electoral en el que exigíamos la limpieza del fraude electoral de 1988.

Por Claudia Lilia Cruz Santiago*

Cientos de militantes políticos, mujeres y hombres, habían sido amenazados, agredidos y perseguidos por todo el país. Se perpetraron cientos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por elementos del Estado mexicano, a manos de militares y policías; la desaparición de cientos de lideres y luchadores sociales. Militantes de partidos políticos opositores al régimen PRI-Salinista fueron sustraídos de nuestras vidas. Todo indicaba que en México no se terminaría la represión contra quienes no concordaban con ese régimen PRIANISTA.

Por ello el nacimiento de la CNDH fue para muchos la apertura de la simulación, de la burla ante los crímenes contra la lucha social y política en búsqueda de un Estado Democrático. Para muchas personas y organizaciones significó solo la apertura de un nuevo edificio, un elefante blanco y un gasto más para el erario público. Por supuesto el “tema de los Derechos Humanos” solo era eso, un tema, pues ante miles de víctimas de un régimen antidemocrático, autoritario y de persecución política, la CNDH actuaba bajo el mandato de quienes ostentaron esos crímenes de Estado.

Las víctimas, sus familiares y quienes participamos en esas luchas por la democracia y la justicia no creímos en principio en esa institución constituida bajo la sombra de cientos de crímenes y miles de violaciones a nuestros derechos; la represión, persecución y exterminio de personas y de la Libertad de expresión fue el sello de la época, y comprobamos que no estaba al lado y al servicio del pueblo en México.

Sin embargo, la Comisión siguió su propio camino, su quehacer, gracias a quienes en verdad desde dentro y fuera lucharon porque fuera ganando espacios ante la sociedad mexicana. Porque debe recordarse que durante los primeros nueve años, esa Comisión fue encabezada por personajes ligados al régimen político del PRI, lo que generó una mayor desconfianza por ser una institución al servicio del entonces “Partido de Estado”.

El 13 de septiembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que constituyó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo nacional con plena autonomía de gestión y presupuestaría, un gran avance en la función del Ombusman en México, pues le permitiría por primera vez con su autónoma cumplir con la función de Defensoría y Protección de los Derechos Humanos en México… en papel por su puesto.

Aún así, con las violaciones de derechos y crímenes de Estado como ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de cientos de mujeres y hombres, lideres sociales, casos como los de Acteal, el Charco o el Bosque resultaba obvio que no creeríamos en dicha institución. Fue hasta después del año 2000 y el primer año de alternancia del PAN que con la esperanza de la muerte del Partido de Estado, cientos de organizaciones sociales, civiles y políticas nos replanteamos asumir la responsabilidad de hacer que la CNDH estuviera al servicio del pueblo; debía también accionar para que esas violaciones graves a nuestros derechos humanos no cayeran en el olvido y en la impunidad.

Así fue como comenzamos a acudir, vigilar, observar y evaluar su actuar como institución y el de su funcionariado; recurrir a su auxilio y protección ante graves y no graves violaciones a nuestros derechos. Las personas no solo la buscaron por acciones de abusos de funcionarios o incumplimiento con algunas normas, sino también ante la represión, tortura, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza publica por militares y policías, maltrato, robo y por violación a mujeres, entre muchas atrocidades más.

La CNDH comenzó a ser una institución de referencia pública para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos en México. Ese referente no vino de la nada, este conocimiento y reconocimiento ciudadano fue construido por el arduo trabajo hormiga de ejércitos de miles de mujeres y hombres defensores de derechos humanos de todo el país.

Integrantes de las entonces llamadas Organizaciones No Gubernamentales, ONGs, durante por lo menos tres lustros anteriores al año 2000, salimos a educar, enseñar, informar, difundir y promover los derechos a través de todo tipo de talleres y foros, en comunidades, escuelas, centros de trabajo en el campo y la ciudad. Realizamos campañas de difusión y promoción de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres y las niñas, de las personas adultas mayores, de las y los jóvenes, de la comunidad LGBTTTIQ, de las personas con discapacidad… de los derechos individuales para ejercerlos y defenderlos.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, aprendimos que habían más formas y más derechos; por ello comenzó una nueva era del ejercicio de derechos: los Derechos Colectivos. En particular inició el ejercicio y la defensa formal de los derechos por movimientos sociales en la defensa de sus territorios, del medio ambiente, del agua, contra las Mineras, los Gasoductos, la defensa de la Cultura y de los Derechos de los pueblos indígenas, de los Derechos de las Mujeres por el Movimiento Feminista de los 90s y la primera década del siglo XX para exigir las leyes y políticas públicas. La lucha porque los gobiernos garanticen el acceso efectivo a todos nuestros derechos, como el acceso al agua, a la educación, a la salud, una vida libre de violencia, a un debido proceso.

Desafortunadamente siguieron presidiéndola personas cercanas a los regímenes en turno del PAN y del PRI. En el caso de José Luis Soberanes, con las más lamentables actuaciones ante crímenes perpetuados por militares, como el de la Señora Ernestina Ascencio, que fue además violada y golpeada presentando un traumatismo cráneoencefalico.

A contracorriente, Soberanes defendia que había sido muerte por ulceras gástricas. O Como el asesinato de los jóvenes del TEC de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo. O de las y los estudiantes de Villas de Salvárcar, que celebraban el termino de sus estudios y usaron a la CNDH para incriminar a los jóvenes como parte de enfrentamientos entre pandillas.

El caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; las más de 30 mil personas desaparecidas y más de 100 mil personas asesinadas por diversos asuntos atribuidos por el gobierno a la delincuencia organizada. Una lamentable y profunda situación de corrupción en todo el país presente en los tres Poderes de la Unión y en todos los órdenes de gobierno. Con policías y fuerzas armadas que forman parte de redes criminales, con activo pacto de impunidad política que no ha dejado de generar mares de sangre y violencia en todo nuestro país.

Un país en donde los grupos criminales han estado ejerciendo actos terroristas que el actual gobierno deberá denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para ser desmantelado patrimonialmente y con ello sean capturados y procesados sus integrantes.

Son muchos los desafíos que debe enfrentar para ello me parece importante resaltar algunos elementos a realizar algunos pasos para ello:

1. Establecer los casos que han quedado impunes para revisar nuevamente las formas en que las instituciones deberán resolverlos de fondo.

2. Solicitar la colaboración y cooperación técnica-operativa de instituciones de la ONU -desde sus sedes de origen-, pues las instancias que hoy tienen presencia en México han sido capturadas por acuerdos gubernamentales para hacer declaraciones contrarias a la realidad mexicana.

3. Solicitar que exista una clara y transparente una Política Criminal para todo el país bajo los parámetros de respeto de los Derechos Humanos, con el uso de nuevos instrumentos e instituciones como los de Justicia Transicional, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU, con la finalidad de ir al fondo de la solución de los grandes problemas y graves violaciones de los derechos humanos ante la violencia que hoy vivimos.

4. Generar la producción de cambios al Sistema Judicial que realmente implemente un sistema antimafia para procesar bajo Maxi-Procesos Judiciales contra políticos y empresarios, sin importar el partido al que pertenezcan.

5. Construir toda una reingeniería institucional que atienda las quejas por violaciones a los derechos, particularmente las graves violaciones y los crímenes de Lesa Humanidad del pasado.

6. Implementar nuevas Recomendaciones que obliguen al Estado Mexicano a dar un giro de 180 grados y transformar las formas de gobernar de los políticos, que corten de tajo el Pacto de impunidad y corrupción política-empresarial que hasta hoy prevalece.

7. Constituir un nuevo mecanismo de vinculación y de trabajo con la sociedad organizada para el desarrollo de nuevas formas de trabajo conjunto, de corresponsabilidad en la defensa de sus derechos. Y finalmente.

8. Innovar metodologías para el seguimiento y cumplimiento de los instrumentos internacionales que México ha ratificado con los organismos internacionales de derechos humanos.

*Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC.

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